"El Gobierno de (Mariano) Rajoy, marcadamente corrupto, ha demostrado no tener la suficiente capacidad política o estar a la altura del reto que plantea el independentismo catalán, que es básicamente buscar una reforma de Estado para ir a un Estado federal", opinó Sierra.
Durante el referéndum en Cataluña hubo represión policial para evitar la votación, lo que provocó que 893 personas fueran atendidas en centros asistenciales, según el Departamento de Salud catalán.
Sierra piensa que la violencia es resultado del poder de las clases dominantes de España, que "se han caracterizado por salidas golpistas, autoritarias y represivas", pues "gran parte de la historia de España se ha caracterizado por regímenes autoritarios, no por la democracia, y cuando ha habido procesos democráticos, las fuerzas conservadoras han tendido a recurrir a la violencia".
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"Las escenas de violencia en Cataluña son preocupantes, porque este capítulo no es aislado, solo hay que contextualizarlo en una ley mordaza, en una política de regulación represiva, de la criminalización de los procesos de movilización frente a las medidas de recortes de derechos y a la pérdida de derechos económicos y sociales de la población", agregó el académico.
El Gobierno pudo encontrar "otros cauces políticos" para enfrentar la decisión de Cataluña de ir a un referéndum independentista, pero "no se llegó a la posibilidad de un diálogo negociado y la situación ha sido de tensión y de polarización".
Sobre los posibles escenarios a futuro, Sierra considera que un primer panorama será que continúe la polarización y la intención de "acelerar" la desconexión con España, "proyecto que no es viable porque no encaja en la Unión Europea ni será reconocido por las Naciones Unidas y (porque) además desde el punto económico, político y social es un proyecto que no tiene mucha justificación", opinó.
Respecto a una posible mediación de organismos como las Naciones Unidas, Sierra no la cree posible, pues "ya lo ha intentado el independentismo catalán" sin resultados.
Por otra parte, "los procesos de globalización están acentuando la búsqueda de salidas ante la crisis económica que viven los países y las comunidades locales a través del nacionalismo", reflexionó.
En esa votación participaron 2,2 millones de personas, de las que un 90% optó por la opción independentista, lo que según el Gobierno catalán le otorga el derecho de constituir una nueva república independiente.
El Gobierno central, en cambio, no reconoce la validez del referéndum porque fue declarado contrario a derecho por el Tribunal Constitucional y, además, porque no cumplió un mínimo de garantías procedimentales.
