"Les hemos dicho que se tenían que marchar después de todo lo que ha pasado, pensamos que no tenían que seguir aquí", declaró la responsable del establecimiento, Dolors Vives, en declaraciones al diario Regió 7.
Según Vives, los agentes "entendieron la situación" e incluso "ellos mismos estaban avergonzados por lo que ha pasado".
En la madrugada del 3 de octubre se registraron concentraciones frente a los hoteles que alojan a agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, reclamando su expulsión.
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Antes, el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, comunicó que ninguno de sus agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplazados en Cataluña abandonará los hoteles en los que se encuentran alojados pese a las protestas frente a los recintos.
"La Policía Nacional y la Guardia Civil no abandonarán ningún hotel en Cataluña donde haya un contrato en vigor", dijo en rueda de prensa Zoido tras reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para analizar la situación.
Miles de ciudadanos en múltiples puntos de la geografía catalana protagonizaron en los últimos días concentraciones frente a los hoteles donde se alojan los agentes desplazados a Cataluña.
Según medios locales, ha habido concentraciones en Calella, Pineda de Mar, Reus, Igualada, Figueres y la Seu d'Urgell, donde los bomberos estacionaron un vehículo e hicieron sonar las alarmas.
El Hotel Vila de Calella expulsó a más de 100 agentes de sus habitaciones apelando al derecho de admisión y a raíz de los disturbios producidos por la madrugada por los agentes.
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La jornada electoral se saldó con 893 personas atendidas por los médicos debido a agresión policial, según el Departamento de Salud catalán; por su parte, el Ministerio del Interior de España menciona que hay 431 agentes heridos.
En esa votación participaron 2,2 millones de personas, de las que un 90% optó por la opción independentista, lo que según el Gobierno catalán le otorga el derecho de constituir una nueva república independiente.
El Gobierno central, en cambio, no reconoce la validez de ese referéndum porque fue declarado contrario a derecho por el Tribunal Constitucional y, además, porque a su modo de ver no cumplió un mínimo de garantías procedimentales.