Al término jurídico lo constituyen tres elementos: la privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales o de terceros con consentimiento del Estado, y la negativa de reconocer la detención o de dar información certera con respecto al caso.
"Es absolutamente irrelevante en términos de contexto. Estamos discutiendo hace mucho tiempo esto en Argentina, cuando tendríamos que estar preocupados por dónde está Maldonado, qué fue lo que ocurrió en el caso, o por qué no se avanzó en la causa", completó.
Belski puntualizó además que el país sudamericano suscribió a tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Interamericana sobre desaparición forzada y la de Naciones Unidas, que establece que ese término jurídico corresponde a este tipo de situaciones.
En este sentido la directora de la organización destacó que el Estado debe recabar información de la persona que se busca, establecer quiénes son las personas que tuvieron contacto con el individuo desaparecido. Determinar cómo está conformado su grupo familiar y acercarse al mismo del modo que corresponde. No descartar líneas de investigación que puedan desatender aspectos del caso por falta de información o desconocimiento.
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El activista argentino de 28 años desapareció el 1 de agosto durante un operativo de la Gendarmería Nacional contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, provincia de Chubut.
"Lo más importante es encontrar a Santiago. Pero este caso debería poner el foco de debate de cómo mejorar las fuerzas de seguridad en Argentina. Esta situación pone en evidencia temas a resolver en el país como el sistema de seguridad y sus fuerzas. Una vez más el Estado argentino muestra una ineficacia absoluta para encontrar una persona", concluyó.