"Sin perjuicio de ser la hipótesis delictiva inicial de la causa, se solicitó al Juzgado Federal la recaratulación de la causa, que ha quedado registrada como EXPTE FCR 8232/2017 "N.N. s/ desaparición forzada de personas Art. 124 ter del Código Penal", sostuvo la fiscalía en un comunicado.
El cambio de denominación apoya la tesis de la familia del joven y de organizaciones de derechos humanos, que desde el comienzo del caso insistieron en que se trataba de una desaparición forzada.
"Debido a la gravedad del caso, relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal, es que se impulsaron medidas tendientes no solo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables", informó el organismo.
La fiscalía investiga tanto el proceder de la Gendarmería, dependiente del Ministerio de Seguridad, como otras "conductas disvaliosas en perjuicio de miembros de la comunidad mapuche Lof en Resistencia".
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Como medidas de prueba, el Ministerio Público Fiscal ordenó averiguar parámetros "de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos" de la Gendarmería.
"También se han solicitado medidas irreproducibles al Juzgado Federal que, por razones de lógica investigativa, no pueden ser informadas", señaló.
En el caso, en el que interviene como querellante la familia de Maldonado, participa la Procuraduría de Violencia Institucional, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas.
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La fiscalía solicitó el secreto de sumario, lo que fue concedido por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, el pasado 14 de agosto.
"Si bien limita a las partes a tener acceso a la tarea investigativa", la medida "tiene como principal objetivo minimizar cualquier riesgo que pudiera ocasionar la publicidad de la misma", argumentó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió el miércoles una medida cautelar para que se protejan los derechos del joven desaparecido.
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La Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires presentó, por su parte, un escrito ante el juez Otranto reclamando que la Gendarmería no tenga acceso al expediente judicial.
