Esta cifra incluye a unos 370 insurgentes, 13 agentes de seguridad, dos funcionarios y 14 civiles, según Reuters.
Birmania, una nación mayoritariamente budista, deniega ciudadanía y derechos civiles a los rohinyás y mantiene marginalizada a esta comunidad musulmana de unos 1,1 millones de personas, alegando que son inmigrantes ilegales del vecino Bangladés.
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El conflicto en Rakáin se agudizó después de que insurgentes rohinyás lanzaran una serie de ataques contra guardias fronterizos en octubre y noviembre de 2016.
A finales de agosto, el Gobierno de Birmania declaró terrorista al Ejército para la Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA, por sus siglas en inglés) y afirmó que busca crear una república islámica.
El grupo insurgente, que niega tener vínculos con el yihadismo transnacional, respondió que ejerce legítima defensa en un intento de salvar a la comunidad rohinyá de Arakán del "terrorismo de Estado".