Con tres votos a favor y dos en contra, los magistrados otorgaron el amparo definitivo solicitado por la Procuraduría de los Derechos Humanos al considerar que Morales no cumplió con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución, informa el diario Prensa Libre.
De esta forma, el comisionado Velásquez no podrá ser expulsado del país centroamericano.
Morales ordenó el domingo la expulsión de Velásquez acusándolo "inmiscuirse en asuntos internos" de Guatemala, pero la Corte Constitucional decidió otorgarle amparo provisional, dejando en suspensión la decisión del mandatario.
El anuncio se produjo después de que la Cicig y el Ministerio Público (fiscalía) solicitaran, el viernes 25, un antejuicio contra el mandatario por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña de 2015.
La decisión del presidente provocó una crisis institucional, con la renuncia de varios altos cargos, como las ministras Lucrecia Hernández Mack, de Salud, y Aura Lucia Teleguario, de Trabajo, entre otros miembros de su Gobierno.
En los últimos años Velásquez, quien está al frente de la Cicig desde 2013, encabezó el destape de grandes escándalos de corrupción gubernamental y delincuencia en Guatemala, así como la persecución de sus responsables.