Morales "cometió el delito de desobediencia porque las sentencias se acatan, no se discuten; él confirmó su deseo de seguir declarando no grato al comisionado Velásquez cuando la Corte de Constitucionalidad ya había dicho que no podía, eso es desobediencia y es un delito", explicó a Sputnik la activista Helen Mack, presidenta de la Fundación Mirna Mack, que promueve la lucha contra la impunidad y la consolidación de la paz y la democracia en Guatemala.
Además, los ciudadanos Eleonora Muralles, Alejandro Balsells, Gabriel Wer y Elvyn Díaz también presentaron otra solicitud de antejuicio contra Morales al considerar que el presidente incurrió en tres delitos: obstrucción a la justicia, coacción y abuso de autoridad, publicó el diario Prensa Libre.
El país centroamericano vive una crisis institucional después de que en la madrugada del domingo el mandatario guatemalteco declaró persona no grata al jefe de la Cicig y ordenó su inmediata expulsión del país.
Sin embargo, la Corte Constitucional otorgó el amparo provisional a Velásquez, dejando en suspensión la decisión del presidente.
Morales ofreció más tarde un discurso televisado a la nación en el que explicó por qué tomó esa decisión sobre el comisionado Velásquez: "Decidí nombrarlo no grato como un acto de lealtad a la patria (…) pues intentó presionar a diputados del Congreso para llevar a cabo reformas constitucionales", sostuvo.
Mack desmintió que Velásquez hubiera presionado a diputados y aseguró que fueron los tres presidentes de los diferentes poderes del Estado quienes presentaron las reformas constitucionales.
"No fue una iniciativa de Velásquez, sino de los presidentes del organismo legislativo, del Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia; (Morales) utiliza argumentos que no son válidos y es fácil probarlo porque es información pública", añadió la activista, quien insistió en que el mandatario debe acatar la ley.
La Cicig y el Ministerio Público (fiscalía) de Guatemala anunciaron el viernes en una rueda de prensa que pedían un antejuicio al mandatario por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña de 2015.
La fiscal general Thelma Aldana y Velásquez denunciaron que Morales no justificó como secretario general de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), la procedencia de donaciones por valor de 6,7 millones de quetzales (alrededor de 920.000 dólares) ante el Tribunal Supremo Electoral, según información de Prensa Libre.
El hijo y el hermano del mandatario fueron investigados por la Cicig y el Ministerio Público por estar supuestamente implicados en tres adjudicaciones públicas en el Registro General de la Propiedad en 2013 por valor de unos 26.500 dólares.
"Existe un conflicto de interés, su familia está siendo investigada y el presidente se siente afectado, y ahora también lo investigan a él por posible financiamiento ilícito de su partido; si dice que Velásquez se excedió en su mandato debe probarlo porque (el comisionado) está actuando en ese marco del acuerdo firmado entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala", añadió Mack.
En los últimos años Velásquez, quien está al frente de la Cicig desde 2013, encabezó el destape de grandes escándalos de corrupción gubernamental y delincuencia en Guatemala, así como la persecución de sus responsables.
La Cicig fue instaurada en 2006 por un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ratificado por el Congreso, como un órgano independiente de carácter internacional.
La quinta prórroga de la Cicig, solicitada por Guatemala a la ONU, se extendería del 4 de septiembre de este año al 3 de septiembre de 2019.