"El presidente Morales está obstruyendo la justicia y debe renunciar, está haciendo un intento desesperado por protegerse a sí mismo y a cambio está poniendo en riesgo a toda la población", dijo Briseida Milián, integrante de Justicia Ya, plataforma ciudadana que en 2015 convocó manifestaciones contra la corrupción en Guatemala después de que se conociera el escándalo de defraudación aduanera conocido como La Línea.
"Nosotros como ciudadanía saldremos a las calles de nuevo para hacernos escuchar", añadió a esta agencia Milián.
Jimmy Morales declaró persona no grata al jefe de la Cicig y ordenó su inmediata expulsión del país, sin embargo, la Corte Constitucional del país centroamericano decidió otorgar el amparo provisional a Velásquez dejando en suspensión la decisión del presidente.
La Cicig y el Ministerio Público (fiscalía) de Guatemala solicitaron en una rueda de prensa un antejuicio en contra del mandatario por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña de 2015.
La fiscal general Thelma Aldana y Velásquez denunciaron que Morales no justificó como secretario general de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), la procedencia de donaciones por valor de 6,7 millones de quetzales (alrededor de 920.000 dólares) ante el Tribunal Supremo Electoral, según publica el diario local Prensa Libre.
Comenzó a funcionar en 2007 y su mandato, prorrogado ya cuatro veces, vence el 3 de septiembre de este año.
La quinta prórroga de la Cicig, solicitada por El Salvador a la ONU, se extendería del 4 de septiembre de 2017 al 3 de septiembre de 2019.
El titular de la esta comisión encabezó el destape de grandes escándalos de corrupción gubernamental y delincuencia en Guatemala, así como la persecución de sus responsables.
El mandatario Morales se dirigirá en breve al país con el objetivo de aclarar cuál es su plan para solucionar esta crisis institucional.
