La dejación de las armas que finalizó el martes con el último lote de fusiles entregado a la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, "implica una línea divisoria, un antes y un después en la historia del país, porque es la transformación de la guerrilla más antigua del hemisferio occidental en una fuerza política legal", dijo a Sputnik el senador de izquierda Iván Cepeda.
El martes, durante una transmisión en directo por la televisión estatal desde La Guajira (norte), el presidente Juan Manuel Santos formalizó el cierre del último contenedor con armas de las FARC y con él se fue "el último suspiro del conflicto", dijo el mandatario.
Sin embargo, este hecho histórico fue tomado con tibieza por una parte de la sociedad, más preocupada por la economía y las elecciones de 2018, en las que las FARC prevén participar como partido político.
"La sociedad colombiana está viviendo unas transformaciones de carácter histórico de tal magnitud que difícilmente se logren captar a través de reacciones anímicas momentáneas, por lo que hay que verlas en una perspectiva histórica", estimó Cepeda.
Durante décadas las FARC, que están a punto de cambiar su nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se dieron a las acciones violentas, los ataques a fuerzas del Estado y a infraestructuras, y los secuestros y extorsiones para sostener su insurgencia, lo cual "hizo mella para que haya cierta resistencia a recibir a esa guerrilla como un actor civil", dijo por su parte el consultor político y exembajador en Hungría, Alonso Ojeda.
Adiós a la guerra
El proceso de desarme de las FARC se cumplió apenas ocho meses después de firmado el Acuerdo Final de Paz con el Gobierno, un tiempo récord comparado con la experiencia internacional.
En ese lapso, las FARC entregaron a la Misión de la ONU 8.112 armas de uso personal, cerca de 1,3 millones de cartuchos, que ya fueron incinerados, y las coordenadas de 873 refugios (caletas) con explosivos y municiones.
"La gran noticia es que las FARC como guerrilla ya no existe, lo que existe es las FARC como partido político", consideró el activista Jairo Rivera, uno de los seis designados por el grupo Voces de Paz para defender ante el Congreso los acuerdos de paz.
Rivera explicó a esta agencia que con la dejación de armas termina también el cese del fuego bilateral con el Gobierno, por lo que a partir de ahora las FARC deberán enfrentar una serie de desafíos como movimiento político apegado a la Constitución.
"Primero, deberá consolidar una fuerza política que dispute la democracia y que vaya más allá de los sectores populares y agrarios con el fin de absorber sectores urbanos; segundo, configurar un pacto político con todas las fuerzas del país para cerrar el capítulo de la violencia política, y tercero, implementar y consolidar el acuerdo de paz de La Habana", dijo Rivera.
Palabras por balas
El 1 de septiembre, en un acto público en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, las FARC lanzarán su partido político que se llamará Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, manteniendo entonces sus siglas, tal como anunció el martes uno de sus líderes, alias "Iván Márquez'.
"No queremos romper los vínculos con nuestro pasado, hemos sido y seguiremos siendo una organización revolucionaria, queremos ser la voz de los excluidos, de los sin voz, de los que viven en la miseria, la voz de la gente honesta y buena de Colombia", dijo Márquez en la ceremonia de la dejación de armas.
La senadora derechista derecha Nohora Tovar criticó en su cuenta de Twitter que "el nombre que usarán las FARC en política será humillante con las víctimas".
Pero los voceros de las propias víctimas señalaron a Sputnik que más importante que el nombre es que el grupo deje de ser un actor armado.
"Es muy importante para la sociedad colombiana que una organización que durante más de medio siglo disparó contra ella (…) haya decidido hacer política para usar las palabras en vez de las armas, porque eso fortalece la democracia y reivindica al país como sociedad ante la historia y el mundo", dijo Sigifredo López, quien era diputado departamental del Valle del Cauca (sudoeste) cuando fue secuestrado junto a otros 11 legisladores estaduales por las FARC en 2002.
Para López se necesita trabajar por la reconciliación nacional en un país polarizado entre quienes avalan a los miembros de las FARC como actores políticos y entre quienes los califican de terroristas.
"Esa tarea, la de reconciliar a toda una nación, será aún más difícil que la misma firma de la paz", consideró López.
Unos 7.000 integrantes de las FARC se alistan para regresar a la vida civil tras acogerse a planes de reincorporación impulsados por el Gobierno.
No solo los acecha el mote de "terroristas", sino el desajuste que vive todo excombatiente, el desempleo, la pobreza y el exterminio, en un país donde siguen activos grupos remanentes de paramilitares de extrema derecha que han dado muerte a decenas de personas en los últimos meses.
