"Tenemos un cúmulo de solicitudes pendientes de los haitianos que vinieron a Brasil cuando el país vivía un momento muy bueno, y de los sirios; los venezolanos empezaron a presentar solicitudes con más fuerza a partir de 2015 y sobre todo 2016, hasta hoy; ese número se sumó a lo que ya estaba pendiente y desgraciadamente tardamos alrededor de dos años y medio para procesar esas solicitudes", dijo Furquim.
Sin embargo, los requisitos de Brasil para otorgar ese estatus son estrictos (persecución por raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas) y la demora es larga debido a los escasos recursos del Gobierno brasileño.
El Comité Nacional para los Refugiados, órgano que estudia todas las peticiones, tiene siete miembros que se reúnen una vez al mes para valorar los casos uno a uno.
Miles de venezolanos que cruzan en la frontera en el norteño estado brasileño de Roraima se ven abocados a un impasse temporal, puesto que una vez que piden la solicitud de refugio no pueden ser expulsados de Brasil, pero hasta que no se resuelva el caso no pueden disponer de un permiso de residencia.
Sin embargo, Furquim recordó que una vez que se registra la petición se da al solicitante un comprobante que le permite trabajar legalmente y abrirse una cuenta en un banco, un alivio temporal hasta que llegue la decisión sobre su solicitud.
El representante del Gobierno, admitió, no obstante, que la mayoría no serán admitidos como refugiados.
"A buena parte de ellos los reconoceremos como migrantes económicos y no necesariamente como refugiados, lo que no tiene por qué ser un problema, porque en noviembre entra en vigor la nueva Ley de Migración que nos permitirá regularizar a muchos inmigrantes en muchas situaciones que al día de hoy no es posible", explicó.
Con la nueva Ley de Migración, los venezolanos estarán exentos de pagar tasas para tramitar su permiso de residencia, ahorrándose unos 500 reales por persona (157 dólares).
"No se sentirán perjudicados, conseguirán lo mismo que desean cuando piden asilo político, que es poder permanecer en Brasil de forma regular", dijo Furquim.
El Gobierno brasileño fue uno de los más contundentes en el continente contra la deriva del Gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro: la Cancillería afirmó que en ese país existe una "dictadura", y desde la presidencia temporal del Mercosur (Mercado Común del Sur) promovió su suspensión del bloque mediante la cláusula democrática.
El canciller Nunes aseguró el 5 de este mes que por el momento no se aplicarían sanciones comerciales para no perjudicar aún más a la población, pero lo cierto es que con la suspensión del Mercosur en teoría los venezolanos tendrían algunas dificultades extra.
Hasta ahora podían entrar en Brasil únicamente con su documento de identidad nacional, pero con la suspensión del bloque, el Gobierno brasileño podría pasar a exigirles pasaporte, una opción que, si bien cuenta con respaldo legal, parece descartada.
Exigir el pasaporte supondría un obstáculo a la entrada de refugiados, por lo que el Gobierno brasileño "está estudiando" una manera para no poner más impedimentos, según Furquim, que dejó claro que por el momento no hay ningún cambio en las fronteras.
La situación en la región fronteriza de Roraima, en especial en la localidad de Pacaraima, es cada vez más compleja debido a que la Policía Federal y los servicios públicos brasileños están desbordados atendiendo a los venezolanos recién llegados.
Además, la gobernación de Roraima pidió esta semana al Gobierno Federal el envío urgente de efectivos de las Fuerzas Armadas para atajar las rutas de tráfico ilegal de armas y de drogas, una petición que según Furquim es "legítima", pero que debe expresarse con cuidado.
"Es una preocupación pertinente, pero está bien que se distinga la figura del migrante y que no se lo asocie a cualquier fenómeno de criminalidad, hay que tener cuidado con eso; si hay muchas personas en la frontera tienes que ser más cuidadoso para que en ese flujo no acabe pasando también alguna otra cosa, es una preocupación natural", concluyó.