La Asamblea Constituyente funciona como un Congreso provisorio, que tiene como fin el debate y la redacción de una nueva Carta Magna, a través de la delegación del poder soberano a los elegidos para participar en ese proceso.
Muchas de las Constituciones latinoamericanas datan del siglo XIX y es por ello que en las últimas décadas se ha hecho necesario convocar Asambleas Constituyentes para adaptar las instituciones a los tiempos modernos. En Sputnik te indicamos cuáles fueron estos procesos y cómo se dieron.
Argentina (1994)
La inclusión de derechos de tercera y cuarta generación y el establecimiento de mayores mecanismos de control sobre el Poder Ejecutivo caracterizaron a este texto, surgido del Pacto de Olivos en 1994, un "consenso entre las dos fuerzas partidarias mayoritarias de ese momento: el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical".
El país había salido en 1983 de una cruenta dictadura iniciada en 1976, que desapareció a una cifra estimada en 30.000 personas y que se caracterizó por su falta de apego a los derechos humanos. En 1987, durante el primer Gobierno legítimo encabezado por el radical Raúl Alfonsín, una serie de levantamientos de militares de extrema derecha amenazaron la estabilidad democrática de la nación austral. En tal sentido, los constituyentes decidieron oportuno incluir modos de garantizar una democracia firme.
Bolivia (2005)
Entre los aspectos más revolucionarios del texto (cuyo preámbulo explicita la voluntad de dejar atrás "el Estado colonial, republicano y neoliberal") está la garantía de derechos para la mayoría indígena del país, sometida durante siglos a la discriminación y al racismo.
El carácter plurinacional y unitario del Estado y la separación completa con la Iglesia Católica, junto con el reconocimiento de las prácticas ancestrales de los pueblos —como la administración de Justicia de las comunidades tradicionales o el consumo de hoja de coca— fueron parte del proceso constituyente.
Además, la nueva ley fundamental reivindica el reclamo de una salida al mar para Bolivia, uno de los reclamos que ha caracterizado la política exterior boliviana. Los hidrocarburos fueron declarados patrimonio del Estado de manera imprescriptible, junto con otros recursos naturales.
Los bolivianos eligieron a 255 representantes, que redactaron un texto sometido en 2009 a la aprobación de la ciudadanía a través del sufragio directo. Más de un 60% de los bolivianos dio el visto bueno a la nueva Carta Magna, mientras que cerca de un 81% se manifestó a favor de poner un límite a la extensión de propiedades, una medida para evitar el latifundio.
Brasil (1987)
La constitución de 1988 fue modificada más de 60 veces por el Congreso, pero hay un núcleo de elementos incambiables, según el sitio web del Gobierno de Brasil: "el sistema federal del Estado; el voto directo, secreto, universal y periódico; la separación de los poderes y las garantías individuales".
Entre las curiosidades de esta Carta Magna está uno de los artículos de las disposiciones transitorias, que convocaba a un plebiscito para elegir la forma de gobierno, entre monarquía o república, a un siglo de la caída de la casa imperial brasileña. Además consultó a la ciudadanía sobre la implantación de un modelo parlamentarista o presidencial. La república presidencial resultó vencedora por un margen cercano al 60%.
Colombia (1991)
En ese contexto, el M-19 y el movimiento estudiantil lograron que las elecciones legislativas de 1990 incluyeran una papeleta para consultar sobre la realización de una Asamblea Nacional Constitucional.
Los representantes de la Alianza Democrática M-19 tuvieron un rol fundamental en la redacción de la nueva constitución, que reemplazó a la de 1886. El nuevo texto favoreció la participación ciudadana estableciendo mecanismos de referéndum y plebiscitos. También incentivó la autonomía de los territorios y el pluralismo político.
Ecuador (2007)
Durante un año, los constituyentes reescribieron la normativa básica del Estado ecuatoriano en un proceso "inédito" en la historia del país, según el periódico El Telégrafo. El texto emanado de la Asamblea apunta a "un sistema de economía social y solidario, con un Estado regulador e inversionista en obras y amplios servicios sociales, sujeto a la planificación, con un régimen tributario encaminado a la redistribución de la riqueza", de acuerdo con el diario ecuatoriano.
De ese modo, la constitución de 2007 es una apuesta por "la equidad", "la democratización de los factores de producción", la universalización de la seguridad social, y la garantía de mayores "derechos laborales, colectivos y comunitarios", un panorama que contrasta con el neoliberalismo y el modelo empresarial.
Una vez terminada, la Carta Magna fue sometida nuevamente a la consideración de los ecuatorianos, que por un amplio margen —64%— eligieron adoptarla, por más que haya despertado "la oposición de los sectores sociales, políticos y empresariales" que rigieron al país en las tres décadas anteriores.
Paraguay (1991)
En 1991, los paraguayos eligieron a la Asamblea que redactó la Carta Magna, que recogió "los derechos y garantías según los estándares más altos de ese momento". Los pueblos indígenas no tuvieron escaños propios, pero lograron "la aprobación casi sin modificaciones de sus propuestas". Las mujeres también lograron avances, aunque no el movimiento campesino, "que se sintió defraudado por los resultados de la Constituyente".
Para Bareiro, "a medida que pasa el tiempo emergen con mayor claridad los huecos y errores de la Constitución de 1992, que mucho tienen que ver con la casi inexistente experiencia paraguaya previa, sobre cómo dirigir y convivir en un autodefinido como Estado social y democrático de derecho".
Perú (1979 y 1992)
Este texto realizó importantes cambios para consolidar la redemocratización de Perú: dio derecho a votos a los analfabetos, empoderando a un sector vulnerable de la ciudadanía; explicitó los derechos sociales; las garantías constitucionales; fortaleció un sistema de democracia representativa; modificó el régimen electoral y concretó mecanismos de control
La nueva Carta Magna propuso la reintroducción en caso de terrorismo de la pena de muerte (restringida en 1979 apenas para crímenes de guerra exterior), en medio del conflicto entre el Gobierno y el movimiento guerrillero Sendero Luminoso, dio "rango constitucional" a la política neoliberal a través de artículos que privilegian la libre competencia, "la libertad de empresa, comercio e industria" y el mismo trato a la inversión extranjera que a la nacional, de acuerdo con un artículo del politólogo Luis Pasara en la revista Nueva Sociedad, recortando "derechos laborales como la estabilidad en el trabajo y la retroactividad de la ley en beneficio del trabajador" y fortaleciendo el Poder Ejecutivo.
Venezuela (2017 y 1999)
La nueva ley fundamental cambió el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela, en alusión a Simón Bolívar, el libertador nacional. El texto estableció además de los tres poderes tradicionales otros dos: el Poder Electoral y el Poder Ciudadano. Asimismo, creó mecanismos de control del Gobierno, como el referéndum revocatorio, y el sistema parlamentario se volvió unicameral.
Una de las principales características de la Carta Magna de Chávez fue la inclusión de derechos sociales y ambientales y la salvaguardia de los intereses de minorías como los indígenas. Los artículos buscaron elevar las condiciones de vida y la participación política de la población venezolana.
Una vez concluida la asamblea, la Constitución fue puesta a consideración del electorado y alcanzó un alto grado de expresiones positivas (71%).
