La capital bahreiní, Manama, acogió el 30 de julio una ronda de consultas entre los cancilleres de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto, países que habían declarado el boicot a Catar.
El ministro de Exteriores saudí, Adel Yubeir, declaró en particular que el presunto llamamiento de las autoridades cataríes de poner los lugares de peregrinaje bajo el control internacional puede calificarse de una declaración de guerra a Arabia Saudí.
"Ningún funcionario de Catar emitió una declaración sobre la internacionalización del hach [la peregrinación a La Meca](…) Catar no está politizando el tema, por desgracia, es Arabia Saudí quien sí lo está haciendo", dijo Thani a Al Jazeera.
Según el canciller catarí, la acusación de Al Yubeir se basa en fuentes dudosas y en realidad son los cuatro países árabes mencionados que "le declararon la guerra a Catar".
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Thani resaltó que las autoridades cataríes no suspendieron el registro de sus nacionales para la peregrinación a La Meca, pero Arabia Saudí cortó la comunicación sobre el tema.
"El Ministerio del Hach de Arabia Saudí rechazó ponerse en contacto con nosotros para garantizar la seguridad de los peregrinos cataríes, aunque digan lo contrario", dijo Al Thani.
En 2017, el hach se inicia el 31 de agosto, conforme al calendario lunar musulmán.
Al bloqueo diplomático se sumaron posteriormente Libia, Yemen, Maldivas, Mauritania y Comoras, también Jordania y Yibuti decidieron rebajar el rango de las relaciones diplomáticas con Catar, y Chad y Senegal llamaron a consultas a sus embajadores en Doha.
Para normalizar las relaciones, los promotores del boicot presentaron a Catar 13 condiciones, entre ellas, el cierre de la cadena de televisión Al Jazeera, la ruptura de los vínculos con Irán y con el movimiento de los Hermanos Musulmanes, así como el desmantelamiento de una base militar turca.
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El Gobierno de Catar calificó de injustificado el bloqueo diplomático y de inviables las condiciones para levantarlo.
