En el mismo acto pidió perdón a las víctimas de la violencia en el sur de Chile, por no haber sabido defender la integridad de ese pueblo. "En mi calidad de Presidenta de la República, quiero solemne y humildemente pedir perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos y sus comunidades".
También propone declarar el 24 de junio como Día Nacional de los Pueblos Originarios, fecha que marca el año nuevo indígena en América Latina. La creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, también anunciada, fue una de las decisiones más polémicas ya que supone un crecimiento del aparato burocrático.
Finalmente, Bachelet propuso inversiones en infraestructura educativa, caminos y obras para garantizar el agua potable, ya que las enormes plantaciones de pinos y eucaliptus están secando las fuentes de las comunidades.
El 14 de junio, apenas una semana antes del lanzamiento del Plan Araucanía, el cuerpo de Carabineros ingresó en una escuela de la comunidad Temucuicui, en Ercilla, disparando gases lacrimógenos que se colaron en las aulas donde decenas de niños y niñas asistían a clase. Este tipo de actitudes son habituales en un Estado chileno que mantiene 37 presos políticos mapuche en diversas cárceles del país y considera a los indígenas como enemigos. Amnistía Internacional recordó que hay antecedentes de acciones similares de Carabineros y pidió investigación y sanción a los responsables.
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El dirigente del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, dijo que el perdón de Bachelet "no tiene efecto alguno", porque omite la responsabilidad del Estado chileno en "el crimen de lesa humanidad cometido contra el pueblo mapuche y la confiscación de su territorio y recursos".
En opinión del dirigente de una de las mayores organizaciones indígenas mapuche, "un perdón efectivo y sincero debió ser resultado del esclarecimiento histórico de la Araucanía y del pueblo mapuche. Paralelamente, debió haber incluido un programa de resarcimiento e indemnización a las víctimas por el daño causado".
El dirigente también criticó el anunciado Ministerio de Asuntos Indígenas, ya que "no será más que una burocracia para mediar el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche", que busca "entretener a los pueblos indígenas alejados del poder".
La dictadura del general Pinochet profundizó el despojo. En 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9,2 hectáreas, pero al terminar la dictadura le correspondían poco más de 5. El broche final lo puso la democracia, por medio del avance de las grandes empresas forestales y la construcción de hidroeléctricas: en 2011 cada familia mapuche contaba con sólo 3 hectáreas.
A los agravios históricos y socio-económicos, se suma el doble estándar legal que se aplica al pueblo mapuche. Como señala el politólogo José Marimán, "Chile sanciona a los mapuches con leyes que no aplica a otros ciudadanos, dándoles el trato de seres de segunda categoría o colonizados". Según Marimán, "se les aplica la ley antiterrorista por actos que en otras partes del mundo no pasan por tal, y algunos son juzgados por tribunales militares y civiles a la vez".
Poco antes de las elecciones de 2014, la entonces candidata Bachelet se comprometió a dejar de aplicar la ley antiterrorista (promulgada por la dictadura en 1984) a miembros de pueblos indígenas y aseguró que la modificaría para adecuarla a los estándares internacionales.
El próximo domingo 2 de julio se realizan Elecciones Primarias Presidenciales y Parlamentarias. El pueblo mapuche, que cuenta cada vez con más amplios apoyos en la sociedad chilena, sospecha que el pedido de "perdón" de la presidenta es una nueva jugada electoralista destinada a mejorar la pobre imagen de los gobernantes.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK