Es necesario "contar con una nueva Constitución para Chile, que se haga a partir de todas las voces, de nuestra diversidad y especificidad, sin exclusiones y respetando las normativas internacionales y nacionales que amparan a los pueblos indígenas", señaló en un discurso la jefa de Estado.
El consejo consultivo y de seguimiento para esta etapa se conformó por organismos internacionales de las Naciones Unidas, junto a consejeros de la Corporación Nacional Indígena.
"Hemos ido cumpliendo con los hitos que anunciamos para aprobar y elaborar una nueva Constitución, a través de un proceso amplio que permitió elaborar bases ciudadanas, ahora fortalecidas por el proceso constituyente indígena, cuyas actas acabamos de recibir", precisó la máxima autoridad.
Luego de ingresar al Congreso un proyecto de ley que modifica el capítulo 15 de la actual Constitución, que permitirá la redacción de un nuevo texto y establecer una convención constitucional, la presidenta anunció el envío de una propuesta para la Carta Magna en los próximos meses.
Reivindicaciones históricas
También agregó que la nueva normativa será sometida a consulta indígena, como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, promulgado por Chile en 2008.
Bachelet remarcó que su Gobierno inició una "nueva voluntad de relación con los pueblos indígenas", con ánimos de "respetar, incluir y escuchar" a las comunidades, además de presentar "resultados concretos" en un breve plazo.
Las comunidades originarias sufren actualmente y desde hace décadas diversas formas de discriminación racial y social, además de enfrentar mayores tasas de pobreza, aislamiento, desempleo y segregación que el resto de la población.
En la ley chilena se reconoce el mayoritario pueblo mapuche, aimara, diaguita, atacameño, quechua, rapanui, colla, kawésgar y yagan.
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La Constitución que rige en el país sudamericano fue instaurada por decreto durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).