Al presentar el plan de investigaciones, el fiscalía especial dijo que utilizará la "experiencia internacional" en intervención ilegal de comunicaciones en otros países, por lo cual anunció que "pedirá al Buro Federal de Investigaciones (FBI) de EEUU su colaboración".
Asimismo participarán expertos del Instituto Politécnico Nacional de México, y el expresidente de la mexicana Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna Jaime.
Además, Pérez anunció que "el Ministerio de Justicia canadiense colaborará, vía asistencia jurídica internacional", con las entrevistas al Citizen Lab, laboratorio de la Universidad de Toronto que colaboró con el diario The New York Times.
El periódico neoyorquino publicó el pasado 19 de junio una investigación denunciando que el Gobierno de México habría utilizado el programa Pegasus, proporcionado por un fabricante de Israel que provee a gobiernos.
La noticia fue desmentida por el presidente Enrique Peña Nieto.
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Pérez hizo el anuncio acompañado de los subprocuradores Alberto Elías Beltrán, Jurídico y de Asuntos Internacionales, y Sara Irene Herrerías, de Derechos Humanos, una semana después de que el periódico estadounidense publicara el reportaje sobre el uso de mensajes maliciosos para "hackeo" de celulares.
En busca del malware
La fiscalía llamará a declarar a responsables de todas las empresas que han vendido equipos que posibilitan la intervención de comunicaciones en México.
Pérez adelantó que también revisará la operación de este tipo de equipos en instancias federales, que según el New York Times, incluyen la fiscalía federal, la secretaría de Gobernación (Interior) y la Defensa Nacional.
El plan contempla también que, con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones, la fiscalía especial solicite a las empresas de telefonía celular "los registros de llamadas de los celulares presuntamente infectados a efectos de detectar similitudes en los números que hubieran enviado el virus".
La ley mexicana establece que estos registros se conserven durante dos años.
Todas las personas que han denunciado ante la Procuraduría Federal de la República (PGR, fiscalía federal) o en entrevistas a medios de comunicación, serán notificadas para que aporten su equipo telefónico a la investigación.
Con esta acción, a la fiscalía realizará "un análisis forense que incluirá la fijación telefónica, la fotografía de los mensajes sospechosos y la ubicación de, en su caso, el virus o malware".
Finalmente informó el cumplimiento de medidas cautelares solicitadas de forma urgente por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (ombudsman federal).
El presidente Peña Nieto rechazó el jueves "categóricamente cualquier tipo de intervención en la vida privada de cualquier ciudadano".
"No cabe intervenir de manera ilegal la vida privada de ningún ciudadano, eso no cabe en una democracia como la que vivimos en nuestro país", dijo el mandatario, al ordenar investigar el origen de las denuncias para "deslindar responsabilidades".
La instrucción federal busca dos objetivos, según el mandatario.
Primero, "determinar si tienen sustento dichas afirmaciones", y segundo, "determinar cuál es el origen y la fuente de dichos señalamientos".