En un documento titulado "Gobierno Espía: la vigilancia sistemática en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México", las principales organizaciones de la sociedad civil del país denunciaron que "el espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación".
La vigilancia "ilegal" contra al menos una docena de periodistas y líderes de organizaciones que investigan casos de corrupción y las más graves violaciones a los DDHH, como masacres y desapariciones de personas, "constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder", dice el pronunciamiento.
Ante los hechos revelados por una investigación del diario estadounidense The New York Times, publicada el lunes, "el Gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de la información" obtenida por esos medios, dice el texto difundido por la organización civil independiente México Evalúa.
Además, exigen que las investigaciones que comenzó este miércoles la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, lleve a establecer "sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales".
"Como sociedad, no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta", dicen las organizaciones firmantes.
El principal método de vigilancia, documentado tanto por Citizen Lab como por las organizaciones, consiste en el envío a teléfonos celulares inteligentes de mensajes SMS con enlaces que activan la instalación inadvertida de un software malicioso denominado Pegasus una vez que quien recibe el mensaje accede a ellos.
Ese malware es comercializado solamente a Gobiernos por la empresa israelí NSO Group, con un costo de 77.000 dólares por cada licencia de infección.
Réplica al gobierno
El portavoz de la Presidencia, Eduardo Sánchez, respondió al reportaje periodístico afirmando que "no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje", y llamó a quienes pudieran ser víctimas a que presenten una denuncia ante la fiscalía federal.
"Esta respuesta es deficiente ante las sólidas evidencias técnicas planteadas en la nueva investigación", replicaron las organizaciones no gubernamentales.
La empresa israelí dijo a The New York Times que el software utilizado para espiar es comercializado a gobiernos y según estas organizaciones " existen pruebas de que la PGR (Procuraduría General de la República) y la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) cuentan con estas herramientas de espionaje".
Decenas de abogados y expertos que firman el texto y una larga lista de las principales ONG en temas de transparencia y defensa de víctimas de graves violaciones a los DDHH exigieron "reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas".
Los 12 periodistas y directivos de organismos humanitarios afectados presentaron denuncias ante el Ministerio Público y solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a organismos internacionales.
Luego del reportaje, las organizaciones denunciaron un total de 88 mensajes con enlaces maliciosos: 76 en esta nueva investigación del periódico neoyorkino y 12 en una poco difundida investigación de 2015.
Las personas que recibieron los mensajes SMS con enlaces maliciosos son: Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del jesuita Centro Agustín Pro de Derechos Humanos, que asiste a las familias de 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
También fueron espiados los periodistas Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán del portal "Aristegui Noticias", quienes descubrieron una mansión de la primera dama Angélica Rivera, construida y financiada por un contratista del Gobierno.
También el hijo de Aristegui, Emilio, fue víctima de la vigilancia gubernamental.
Además, fue espiado el periodista Carlos Loret de Mola, quien investigaba para la cadena Televisa una masacre que involucra a policías federales.
También recibieron mensajes Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad, y Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización que investiga las ramificaciones del escándalo Odebrecht en el país.
