"Otorgamos la suspensión de los amparos, solicitada por el Gobierno, en cuanto a que tales amparos impiden el cumplimiento de (poderes presidenciales) con respecto a ciudadanos extranjeros que carezcan de una relación de buena fe con una persona o entidad de Estados Unidos", dijo la Corte en un pronunciamiento no firmado.
Así el máximo tribunal permite al presidente aplicar con limitaciones su prohibición de ingreso por 90 días a los viajeros de seis países de población mayoritariamente musulmana, Libia, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y la suspensión del arribo de refugiados por 120 días.
Pero la Corte advirtió que esta prohibición "no puede aplicarse a los ciudadanos extranjeros que tengan una prueba creíble de relación de buena fe con una persona o entidad en Estados Unidos".
Así, estarían en condiciones de mostrar tal relación los extranjeros de esos países que quieran visitar o vivir con un miembro de su familia en EEUU o los estudiantes que fueran admitidos en una universidad estadounidense.
La Corte sostuvo que el fondo de la apelación será tratado en su primera sesión en el mes de octubre, y solicita a las partes, los denunciantes del decreto migratorio de Trump y el Gobierno, que consideren si para entonces el debate jurídico seguirá siendo relevante.
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Es que el decreto migratorio expedido por el Gobierno tiene carácter temporal, pues en el plazo de 90 días de su aplicación se debe realizar una revisión de los mecanismos de control de ingreso de extranjeros.
En su decisión de este lunes, la Corte accedió al pedido del Gobierno de consolidar los pedidos de suspensión de dos amparos, emitidos por jueces de Maryland y de Hawái y ratificados luego por sendos tribunales de apelación.
Esas decisiones judiciales fueron en respuesta a solicitudes de frenar el decreto migratorio de Trump sobre la base de su presunto carácter discriminatorio sobre la base de la religión, pues las medidas temporarias afectan de manera desproporcionada a poblaciones musulmanas.
Tres magistrados del tribunal supremo asentaron una opinión disidente en cuanto a las limitaciones adoptadas por la mayoría, pues las consideran "concesiones".
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Tales concesiones significarán una enorme carga de trabajo para las autoridades que deban decidir en cada caso si viajeros de los seis países concernidos tienen o no una relación de buena fe con Estados Unidos.
Esas decisiones corren peligro de ser consideradas como desacato y dar pie a una "ola de litigios" sobre qué es una relación de buena fe antes de que el fondo del caso se decida tras los alegatos orales previstos para octubre, dijeron los tres jueces disidentes.