Existe en el país "una creciente presión ejercida por diversos sectores al Presidente de la República del Perú (Pedro Pablo Kuczynski) para que otorgue indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori", señalaron en un comunicado La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Para que Fujimori obtuviera el indulto humanitario tendría que tener "una enfermedad terminal o una enfermedad grave en estado avanzado, degenerativo e incurable, o padecer condiciones carcelarias que ponen en grave riesgo su vida".
Si bien el mandatario ha sido internado por varios problemas de salud en los últimos meses, no padece "una condición médica de esta dimensión y su situación carcelaria es adecuada, con acceso a tratamientos médicos", añade el comunicado.
El indulto lo debe decidir el presidente, aclararon las organizaciones, pero "existen límites en su aplicación, tanto por la legislación nacional como por el derecho internacional".
La hija del exmandatario, Keiko Fujimori, escribió el jueves en su cuenta de Twitter que "llegó la hora de actuar" y pidió a Kuczynski que "haga uso de su potestad de presidente" para indultar a su padre.
En ese sentido, las organizaciones mencionadas confían en que la decisión sobre la reciente solicitud de indulto humanitario para el exmandatario se produzca "con absoluta transparencia y en respeto a los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú".
Si se llegara a producir el indulto, significaría un retroceso en materia de derechos humanos para el país latinoamericano, ya que "alentaría la idea de que los crímenes más graves que atentan contra la humanidad en su conjunto pueden ser perdonados sin el consentimiento de las víctimas", señaló la directora de DPLF, Katya Salazar, en el comunicado.
La justicia lo consideró autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por un escuadrón del ejército conocido como el grupo Colina, así como del secuestro de un empresario y de un periodista.
En ese sentido, las organizaciones señalaron que se trató de un proceso judicial en el que "se probó su responsabilidad" es esos hechos criminales.
