"México sigue apostando a una matriz basada en combustibles fósiles, en la extracción de hidrocarburos de más difícil acceso y más peligros, en las aguas profundas del Golfo de México, donde pueden ocurrir derrames a los mares", alertó la experta.
La nueva legislación, que desde el verano boreal de 2015 a la fecha ha permitido licitaciones de contratos petroleros por unos 70.000 millones de dólares, "otorga prioridad a la extracción de combustibles fósiles y es una amenaza a las población de esas regiones".
Por ejemplo, "se prevé un enorme consumo de agua en el caso de los no convencionales" que se planea explotar con fractura hidráulica (fracking), dijo De la Fuente.
Hasta la fecha "no existe una investigación pública satisfactoria sobre los impactos que ha tenido en México y tendrá en el futuro esa tecnología", y la regulación no es suficiente porque se trata de técnicas experimentales.
Los referentes que hay en EEUU, en los estados de Texas y Dakota del Norte, "indican que desde hace una década hay estudios científicos de los impactos en la vida humana, los mantos de agua, y la contaminación atmosférica".
México se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que según la mayoría de los científicos contribuyen al recalentamiento planetario, en 30% para 2020, y en 50% para 2050 respecto a lo emitido en 2000, como línea base.
La apuesta del Estado mexicano a las industrias extractivas "hará imposible cumplir con los compromisos del Acuerdo de París para impedir el calentamiento global —de diciembre de 2015—, ahora bajo ataque de EEUU", afirmó la investigadora.
Fantasma de la corrupción
Los expertos expresan diversas preocupaciones sobre la implementación de la Reforma Energética en el "Anuario de industrias extractivas: Situación actual 2016", producido por Fundar, Cartocrítica, Red Unidos por los DDHH y consultores independientes.
Por ejemplo, los excedentes de ingresos petroleros "se han perdido en el gasto corriente del presupuesto y la corrupción, (y) no se utilizaron mejor en una matriz energética no fósil", indica el estudio.
Sin embargo, señala que "estas metas no podrán alcanzarse si los países siguen basando su desarrollo en actividades extractivas, tales como la explotación y quema de hidrocarburos".
"El aporte de las empresas mineras a las finanzas públicas es mínimo, en comparación con la gravedad de sus impactos", dijo por su parte De la Fuente a Sputnik.
"El presupuesto no puede estar encima de los derechos de las personas y comunidades que padecen los impactos socioambientales", indica el informe sobre el impacto ambiental y económico de las actividades extractivas.
En cuanto a la Reforma Energética, la investigación encontró "condiciones de vulnerabilidad de las comunidades y territorios, al haberse incluido figuras jurídicas como la servidumbre legal, que privilegian los intereses de las empresas sobre la garantía de los derechos humanos".
Por otro lado, el Anuario incluye información sobre los nuevos actores privados que han entrado al juego: casi medio centenar de empresas extranjeras y privadas han comenzado a implementar sus planes de inversión petrolera.
"En la investigación encontramos que algunas empresas tienen vínculos con políticos y grandes empresarios mexicanos, así como con exfuncionarios del gobierno mexicano", denuncia el experto.
Respecto al sector minero, su contribución a las finanzas públicas es mínimo, alrededor de 0,32% de los ingresos del Gobierno Federal.
Por otra parte, existen limitados mecanismos para "compensar" las consecuencias ambientales y sociales de la industria, para "garantizar condiciones más justas para las comunidades donde se desarrollan proyectos extractivos", puntualiza la investigación.