El letrado denunció a los jueces por prevaricato, delito que supone una resolución arbitraria por parte de un juez a sabiendas de que dicho fallo es contrario a la ley. "Entiendo que esto es lo que sucedió en el caso de Luis Muiña, quien tenía una condena por delitos violatorios a los derechos humanos. [El fallo de la Corte] viola toda la legislación internacional sobre derechos humanos, incorporada a la legislación argentina, así como distintas leyes nacionales", dijo a Sputnik Parrilli.
Según el abogado, el concepto internacional en materia de sanciones impuestas por violación a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad es que las condenas no se puedan reducir "de ninguna manera". Además explicó que el cómputo del dos por uno se aplicaba a delitos comunes, no a delitos contra la humanidad. Agregó que la ley estaba derogada desde 2001. "No puedo creer que tres jueces de la Corte Suprema de la Nación no se dieran cuenta lo que estaban haciendo", sentenció.
"Son tres jueces que le deben su llegada [Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz] y permanencia [Elena Highton de Nolasco] en el cargo a este Gobierno. Sacaron un fallo que va en línea con la política de derechos humanos de este Gobierno, que apunta a la impunidad de los genocidas. Macri ha negado la cantidad de desaparecidos, desmanteló la Secretaría de Derechos Humanos, quiso sacar el feriado del 24 de marzo como día de la memoria. Pero cuando ve que la gran mayoría de la sociedad repudia el fallo, toma distancia", señaló.
Para el abogado, la mejor forma de resolver esta cuestión es reformando la composición de la Corte. "Si no hay cambios en la composición de la Corte estos mismos jueces van a seguir resolviendo lo mismo. Para solucionar este tipo de cosas habría que reformular el Poder Judicial, designar a los jueces por votación popular, que no sean vitalicios en sus cargos y tener instrumentos de control popular sobre la conducta de los jueces. Fallos como este se producen porque son personas sin control popular que viven alejados de la realidad", señalóю
Argentina es un país que condenó a unas 700 personas por crímenes cometidos durante la última dictadura. El caso de los juicios a los represores en este país es un emblema en el mundo, se juzgó a más gente que en los juicios de Nuremberg por los crímenes del nazismo. "Hay que destacar además que los tribunales que los juzgaron fueron argentinos", sostuvo el abogado.
Distintos tribunales del país se pronunciaron en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia argentina. Parrilli destacó en este sentido que "algo deberá cambiar". "[Los jueces que realizaron esta decisión] se van a tener que ir. Deberán renunciar, o ir a juicio político, pero esto no pasa", concluyó.
