"(El fiscal federal Guillermo) Marijuan se manifestó a favor de impulsar una denuncia por prevaricato contra tres ministros de la Corte Suprema", anunciaron las fuentes.
La querella en cuestión, presentada por el abogado Marcelo Parrilli, apunta contra los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco por el supuesto delito de prevaricación, que consiste en dictar, a sabiendas, una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial.
Los tres magistrados acusados autorizaron el pasado miércoles la aplicación de una ley derogada en 2001 en el caso de Luis Muiña, un represor condenado por delitos de lesa humanidad.
La normativa, que legisla sobre los plazos de prisión preventiva, establece que a partir de los dos años se computa como doble cada día que el condenado pasa en la cárcel mientras no se confirma condena en su contra.
El fiscal basó la imputación de los jueces ante "el correspondiente requerimiento de instrucción impulsando la acción penal en orden a la presunta comisión del delito de acción pública que se desprende de los hechos denunciados".
El abogado Parrilli, en tanto, no sólo subrayó en su denuncia la "gravedad del fallo" de la Corte Suprema, sino que también pidió que se investiguen los supuestos "vínculos" de los tres magistrados con el Gobierno del presidente Mauricio Macri.
La querella del letrado había recaído en el juzgado del magistrado federal Daniel Rafecas, quien solicitó la opinión de Marijuan.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido hasta ahora tres denuncias que piden investigar a la Corte Suprema por la "violación del derecho de las víctimas" de la dictadura.
En una de las medidas cautelares presentadas se cuestiona "si es convencionalmente válido modificar la duración de la pena dictada a una persona autora de delitos de lesa humanidad mediante la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna".
La Cámara de Diputados, que sesiona este martes, pretende manifestar su rechazo a la decisión de la Corte Suprema con el apoyo de todos los bloques.
Desde el Senado, el presidente provisional de la Cámara, el oficialista Federico Pinedo, anunció que su alianza prepara un proyecto de ley para que el beneficio del 2x1 "solamente se aplique a quienes estuvieron presos durante el período de vigencia de la ley", que fue desde 1994 a 2001.
Este miércoles se celebrará una manifestación para repudiar el fallo del máximo tribunal del país que puede habilitar a decenas de genocidas a solicitar el beneficio del "2x1" para aliviar sus condenas.
El representante la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, instó el lunes a la Corte Suprema a que respete los estándares internacionales de derechos humanos.