"Sitúa al feminicidio solo como si fuera un agravante de la violencia doméstica y sexual y no lo toma como una situación estructural que tiene que ver con la discriminación y opresión hacia las mujeres", señaló Abracinskas.
El proyecto de ley establece la modificación de dos artículos del Código Penal castigando con penas mayores el asesinato de mujeres por razones de género, de forma que quien cometa un feminicidio podría cumplir una pena de hasta 30 años de prisión.
En ese sentido, la activista consideró la medida como "un parche que tiene más que ver con un mensaje político".
"No se puede seguir legislando en función de lo que admite un sistema político que sigue siendo deficitario en entender la dimensión del problema y sigue dando soluciones simplistas a problemas que son mucho más complejos", insistió.
"Me cuesta entender la lógica de un poder Ejecutivo que al mismo tiempo manda desde el Consejo Nacional de Género un proyecto de ley integral y desde Presidencia se manda otro que solo califica el feminicidio como un agravante del homicidio", reflexionó.
Uruguay, un país de apenas 3,3 millones de habitantes, registró 24 feminicidios en 2016, y en lo que va de este año 10 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.
Además, siete de cada 10 uruguayas aseguran haber sufrido violencia de género en algún momento de sus vidas, según reveló una primera encuesta nacional sobre estos temas, publicada en 2014.