"En los últimos años las políticas de género han sido de baja prioridad, de baja intensidad y bajo presupuesto y eso se ve en todos los ámbitos", explicó Lilián Abracinskas, directora de la organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU).
El último feminicidio se cometió el 5 de este mes en Montevideo: un hombre mató a su pareja golpeándola con una maceta en la cabeza.
Pero uno de los casos más polémicos ocurrió el 30 de enero, cuando un policía asesinó a su expareja, Valeria Sosa, al dispararle en la cabeza con su arma reglamentaria frente a sus dos hijos.
Este crimen dio pie a una investigación dentro del Ministerio del Interior, ya que se infringió el protocolo de retiro preventivo del arma de fuego a un agente policial cuando pesa sobre este una denuncia de violencia de género.
Sosa había denunciado las agresiones de su expareja, pero su denuncia nunca llegó a la unidad especializada de violencia doméstica.
Según el Ministerio del Interior, la mujer hizo la denuncia en una seccional (comisaría) diferente a la jurisdicción donde sucedieron los hechos y allí decidieron derivarla a la unidad policial de la jurisdicción donde se había producido el maltrato.
"Pudimos constatar que no se había llevado a cabo el procedimiento general para cualquier ciudadano que es la indagatoria y la puesta en conocimiento de la justicia y tampoco se cumplió con el procedimiento que tenemos para cuando hay funcionarios involucrados en violencia doméstica, entre ellos la retirada del arma", explicó a la directora de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta.
Por ello, la cartera investiga ahora quiénes son los responsables.
Zabaleta indicó que hay que esperar a que los abogados del ministerio se pronuncien "para poder calibrar la sanción".
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Para Abracinskas este caso es aún más grave porque "quien se encarga de cuidar a la población (la policía) termina siendo el victimario".
"Hay que entender que esto es un delito, que la violencia de género no es un problema de la pareja", indicó la activista, quien aseguró que “no se ha abordado como corresponde la dimensión estructural de la violencia hacia las mujeres basada en la dominación, en la subordinación, en la conceptualización machista y patriarcal del rol de las mujeres en la sociedad".
Zabaleta reconoció que "las normas en sí mismas no garantizan cambios inmediatos" y que la violencia de género es "un problema estructural".
Por ello, añadió la funcionaria del Ministerio del Interior, la aprobación de un proyecto de ley integral contra la violencia de género "ayudaría a seguir el camino que se ha iniciado" desde las instituciones.
Ese proyecto, que agrava las penas por asesinato cuando se trata de un feminicidio y obliga al Estado a prestar servicios gratuitos de asistencia a las mujeres, se encuentra desde hace varios meses en el Parlamento.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 3 de junio de 2016
El año pasado 24 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Uruguay.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en promedio, al menos 12 mujeres son asesinadas diariamente en la región.