Asesinato de miembro de las FARC, "una amenaza al proceso de paz"

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron a través de un comunicado el asesinato de Luis Alberto Ortiz Cabezas, un miembro de la organización que había sido amnistiado hace algunas semanas en el marco del Acuerdo de Paz suscrito con el Gobierno. El hecho, ocurrido en el municipio de Tumaco (departamento de Nariño) conmocionó al país, ya que se trata de la primera muerte desde la histórica firma del documento.

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En diálogo con Sputnik, el senador colombiano Iván Cepeda afirmó que este hecho "es sin lugar a dudas un signo de alerta que se da al proceso de paz", que se suma a otros asesinatos cometidos este año "en zonas donde se deben aplicar los acuerdos de paz" contra líderes campesinos, defensores de derechos humanos, mujeres que lideran procesos comunitarios y referentes del movimiento de víctimas del conflicto. Según el legislador, además "hay denuncias" de "presencia y actividad de grupos paramilitares" en las zonas donde actualmente están los miembros de las FARC.

La organización afirmó en su comunicado que el responsable de la muerte de Ortiz es "el criminal conocido en la zona como Renol, narco paramilitar que actúa a sus anchas en Tumaco, quien es responsable de amenazas y homicidios en contra del movimiento social y popular".

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Según Cepeda, "la sumatoria de todos esos hechos y situaciones es tan preocupante que podría estar indicando que hay una acción sistemática para hacerle daño al proceso de paz, al entorno social y a la base social del proceso, pero también directamente a las personas que están dejando las armas en Colombia".

El congresista resaltó que "no es la primera vez" que sucede una situación así, ya que "en todos los procesos de paz anteriores se ha producido el asesinato de personas que dejan las armas". El senador del Polo Democrático Alternativo consideró que este hecho "es un mal signo para la paz en Colombia", ya sea desde el punto de vista de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional, organización esta última con la que se están llevando conversaciones para alcanzar el cese del conflicto.

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"Afecta al proceso de paz en su conjunto. Pone en duda la confianza de los guerrilleros de las FARC, pero también es un mensaje a futuro para quienes están hoy sentados en una mesa en Quito negociando con el Gobierno colombiano y ven [esto] con preocupación, porque puede ser el futuro que corren", comentó el referente político.

El hecho evoca lo que sucedió después del primer acuerdo de paz de 1985 entre el Gobierno y las FARC, cuando se fundó la Unión Patriótica, un movimiento político electoral del cual participaron muchos miembros que pertenecieron a la guerrilla. Desde entonces y hasta 1990, más de 3.000 personas de la UP o que aparecían en sus listas electorales fueron asesinadas en manos de grupos paramilitares, fuerzas oficiales o narcotraficantes.

Entre las víctimas se encontraban los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa. En 2016, la Suprema Corte de Justicia de Colombia revocó un fallo del Tribunal Superior de Medellín que establecía que estas muertes eran crímenes de lesa humanidad.