"De acuerdo con la legislación penal sobre recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, la penalidad es de cinco a 15 años, y en delincuencia organizada la penalidad es de 20 a 40 años", detalló el funcionario federal al noticiario Radio Fórmula.
Duarte declinó aceptar el pedido verbal de extradición, en su primera audiencia celebrada la víspera, a la espera de la solicitud formal con las acusaciones completas.
"Estamos en la revisión y análisis de los documentos para cumplir de manera correcta con el tratado de extradición, es muy probable que la próxima semana se presente por vía diplomática la solicitud formal", agregó Beltrán.
La primera denuncia penal del Gobierno de México, fue presentada meses antes del fin de los seis años del mandato de Duarte.
Un juez federal ordenó la captura de Duarte en octubre de 2016, cuando terminaban los seis años de su mandato, acusado por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Tras permanecer seis meses prófugo, el exgobernante fue detenido el sábado pasado en el pueblo turístico de Panajachel, 150 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.
La Auditoría Superior de la Federación, reveló en febrero de 2017 que Duarte no comprobó el destino de unos 1.800 millones de dólares ejercidos entre 2011 y 2015.
El político llegó al cargo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lo expulsó en octubre pasado de esa fuerza política gobernante, tras conocer las acusaciones federales.
