"Ha pasado un año, pero ha sido como un siglo", dijo a Sputnik una de las habitantes de la zona, Ramona Vera, quien perdió a tres familiares en el terremoto, "algo que no se puede superar nunca".
Entre ellos está su nieto Alexander de 5 años, sepultado entre los escombros de la ciudad de Manta (oeste) el 16 de abril de 2016 y una de las 670 víctimas que dejó el sismo.
La directora de la organización en Ecuador, Rossana Viteri, explicó que "después de las inundaciones, del terremoto y del contexto actual, muchas niñas, niños y adolescentes están viviendo en los albergues porque sus familias lo perdieron todo".
En estas condiciones, "las posibilidades de sufrir algún tipo de violencia aumentan de forma exponencial" debido a que este grupo etario enfrenta "una situación mayor de desprotección en casos de desastres", observó.
El Gobierno ofreció entregar soluciones habitacionales definitivas a estos damnificados, pero no ha delimitado un tiempo para ello.
Las inundaciones frenaron las tareas de reconstrucción, especialmente en la provincia de Manabí (oeste), la más afectada por ambos fenómenos naturales.
Las impetuosas lluvias han dejado desde enero hasta abril de este año 27 personas fallecidas y más de 30.000 familias afectadas.
A esto se suman las 3.487 réplicas registradas desde que ocurrió el sismo, la última el 2 de abril en la localidad de Crucita, fue de magnitud tres.
"Estamos enfrentado situaciones serias, la naturaleza nos está poniendo a prueba, ya no digo que lo único que nos falta es que nos caiga un meteorito, porque nos cae", dijo el presidente Rafael Correa el martes después de recorrer las zonas afectadas en Manabí.
La gravedad de las inundaciones se relaciona con el sismo, advirtió el mandatario, pues "la tierra ha quedado más vulnerable y la hidrología ha cambiado".
El agricultor Salomón Arteaga aseguró a esta agencia que, a pesar del esfuerzo de las autoridades y de los habitantes, la recuperación no es fácil y "parece que la naturaleza estuviera castigándonos".
Las inversiones hasta ahora suman 2.410 millones de dólares, de los cuales 20% se destinó a atender la emergencia como tal, 71% a reconstruir infraestructura dañada y 9% a la reactivación productiva, según el último informe del Comité de Reconstrucción.
En viviendas se invirtieron 508 millones de dólares, en vialidad (vías de transporte, demoliciones y remoción de escombros), 431 millones y en equipamiento público y regeneración urbana, 277 millones de dólares.
Asimismo se destinaron 102 millones a recursos para atención social de emergencia, 170 millones para salud, 200 millones a educación, 83 millones para agua potable y saneamiento, 135 millones a electricidad, 86 millones para reactivación productiva, y 121 millones en créditos, entre otros rubros.
El financiamiento también se obtuvo a través del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de Desarrollo de América Latina, del Banco Mundial, del Banco Europeo de Inversiones, de recursos fiscales y de una donación de China.
En materia habitacional, se adjudicaron 45.455 bonos de viviendas a los afectados, de los cuales 58,88% se entregaron en Manabí y 11,25% en la vecina provincia de Esmeraldas.
Pero aún hay tareas pendientes.
Segundo Briones fue uno de los beneficiarios del bono estatal para una casa nueva, pero ésta aún no se construye.
"Ellos me dijeron que prontito mi casa iba a salir y hasta esta vez no sale", dijo Briones a esta agencia.
Nuevos ingresos que se obtengan permitirán poner más énfasis "en vivienda" para "reubicar además a las personas que están en zona de riesgo como consecuencia del terremoto", añadió.
Será la nueva administración que asuma en mayo la que defina las prioridades para la reconstrucción, cuyo costo se había estimado inicialmente en 3.300 millones de dólares.
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Seguramente se necesiten más recursos para hacer frente también a los daños del temporal, que todavía no han sido cuantificados.
