"Es una discriminación enorme y una inconsecuencia, porque el Estado y la justicia demuestran que no han escuchado las peticiones de las víctimas al darle un trato totalmente diferente a los violadores de derechos humanos", señaló Lira.
Carroza acusó que Punta Peuco, construido en las afuera de la capital especialmente para encarcelar a exagentes de Pinochet y que cuenta con diversas comodidades y privilegios, se encuentra al límite de su capacidad, con solo 6 vacantes disponibles.
"Cuando se habla del hacinamiento que sufren los reos de Punta Peuco, no es el mismo de todas las cárceles comunes, ya que ellos tienen garantías de espacio y privacidad", explicó Lira.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), valoró la disposición de Carroza, pero remarcó que incluso en Colina I se les está habilitando a los uniformados un espacio "especialmente para ellos".
Esta realidad dista de la sobrepoblación en las cárceles chilenas, denunciada en diversas oportunidades por organismos de derechos humanos, que acusan escasez de camas y baños para un alto número de internos, insalubridad, encierro, mala alimentación y uso de celdas de castigo, un mecanismo rechazado en los estándares internacionales.
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"Acá hay una discriminación feroz en contra de la población penal común, donde a esta gente condenada por crímenes de lesa humanidad, que es el delito más grande, se le confiere un trato diferente, debido a la presión que ejerce la clase alta y la familia militar al Gobierno", enfatizó Lira.
La AFEP considera que todos los presos deberían tener las mismas comodidades, con el fin de que se entregue un trato digno, en igualdad de condiciones y respetando los derechos humanos de todos los internos.
El 22 de marzo pasado, la Corte Suprema emitió su mayor sentencia en casos de violaciones de derechos humanos, al condenar a 33 funcionarios de inteligencia del dictador Pinochet, por su responsabilidad en los secuestros de cinco ciudadanos opositores al régimen a partir de 1987.
Cifras oficiales indican que 35.000 personas fueron víctimas de la dictadura, donde 28.000 fueron torturadas, 3197 muertas y desaparecidas, y un número indeterminado de cientos de miles habrían pasado por centros clandestinos de detención.
