Garzón, que ordenó en 1998 la detención del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990) en Londres, reforzó ante los medios que no ha cambiado su actitud de "defensa a ultranza de las víctimas" de violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, "respecto de personas que yo mismo ingresé en prisión, y que están con cárcel terminal, opiné que no tenía sentido", enfatizó.
El abogado puntualizó que cada caso debe ser estudiado, y no se deben tomar decisiones bajo una "regla general".
La noticia no fue bien recibida por miembros del partido opositor Unión Demócrata Independiente (UDI), que aún simpatizan con el régimen de Pinochet, e incluso intentaron frenar su entrada al país a través de una solicitud realizada al Ministerio del Interior.
"No creo que sea una persona de tanta relevancia para que concite la atención de este partido político, sino que es porque en 1998 decreté una orden de detención en contra de Pinochet y seguí en el proceso de petición de extradición", remarcó Garzón.
El exjuez atribuyó además la molestia del sector conservador a la investigación que abrió en contra del dictador, muerto en 2006 sin recibir condena alguna, por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, que derivó en el hallazgo de millonarios fondos depositados en el banco estadounidense Riggs.
Al respecto, el jurista abogó este viernes por una "solución amistosa" entre los países vecinos, a la vez que consideró la petición de la ciudadanía boliviana de un acceso soberano al mar como "justa".
Precisó, en tanto, que "también puede ser legítima la defensa de los postulados chilenos".
Garzón se reunió este viernes con Isabel Allende, senadora socialista e hija del expresidente chileno Salvador Allende (1970-1973), para visitar la casa familiar del exmandatario en la comuna de Providencia, en el sector oriente de Santiago, que ahora alberga una Fundación que lleva su nombre.
