El convenio es la "afirmación del logro alcanzado por quienes trabajamos en resaltar valores, exigimos el cumplimiento de la ley y el reconocimiento de la persona", dijo en conferencia de prensa el procurador penitenciario de Argentina, Francisco Mugnolo.
"Es un acierto político" haber impulsado este convenio, aseguró.
Por su parte, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario de Uruguay, Juan Miguel Petit, saludó el inicio de la cooperación entre ambos países y destacó la impronta de defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad que tendrá el acuerdo.
"Hay que aprender a alcanzar mecanismos de respeto a los derechos humanos" dentro de los establecimientos penitenciarios, sostuvo.
El convenio incluirá visitas conjuntas a los centros carcelarios de ambos países, la formación de personal y el análisis de los indicadores para monitorear la situación de las cárceles.
Durante esta semana, varios técnicos argentinos recorrieron algunas cárceles uruguayas y se entrevistaron con autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación de este país.
Mugnolo, por su parte, dijo que en lo que respecta al sistema penitenciario, la región tiene una "realidad muy parecida, con los mismos problemas en distintos lugares".
El procurador penitenciario argentino se lamentó de que pese a los "esfuerzos por levantar los valores" de las personas privadas de libertad, a veces no pueden desde estos organismos dar a los presos "una respuesta más elevada", acorde a sus más acuciantes necesidades.
El procurador penitenciario argentino observó que todos los países de la región tienen sobrepoblación en sus cárceles, y comparó la situación con lo que el filósofo francés Michel Foucault llamó "el gran encierro", para referirse al cambio de paradigma de castigo cuando la prisión pasó a ser la pena por excelencia en el sistema penal.
"Hay que llevar racionalidad para evitar un excesivo abuso de la privación de libertad", alertó.
A la conferencia de prensa asistieron legisladores uruguayos de tres de partidos políticos que integran la comisión especial de seguimiento de la situación penitenciaria de la Asamblea General.
El acuerdo cuenta con el apoyo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.