"Preocupa a esta Comisión Interamericana que aproximadamente la mitad de las personas privadas de libertad se encuentran bajo este régimen", indicó el organismo en su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.
En su visita a Argentina, realizada entre el 13 y el 17 de septiembre de este año, la Relatoría advirtió que a diciembre de 2015 había 71.464 personas privadas de libertad en el país, de las cuales 37.008 estaban en prisión preventiva.
"Un porcentaje importante o mayoritario de la población penal en detención preventiva, resulta un hecho sintomático y preocupante que debe ser afrontado con la mayor atención y seriedad por los respectivos Estados", sostiene la CIDH en su informe.
Las políticas criminales del Estado que favorecen mayores tasas de encarcelamiento; la "inadecuada defensa" a la que acceden las personas en detención preventiva, y la presión de los medios de comunicación y de la opinión pública "para hacer frente a la inseguridad ciudadana mediante la privación de libertad", son algunas de las razones que explican esta situación según el organismo.
También sucede que diversos jueces se abstienen de otorgar medidas cautelares "por temor a ser sancionados o removidos de sus cargos", como han reconocido varias autoridades penitenciarias citadas en el trabajo.
Por otro lado, la Relatoría constató que desde su última visita, en 2010, "se ha presentado un crecimiento del 16 por ciento en la población penitenciaria".
"La Comisión observa que este aumento de población penitenciaria, ha llevado a que los centros carcelarios del país se encuentren en una situación de hacinamiento", sostuvo.
El julio de este año, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya había manifestado su preocupación por los altos niveles de hacinamiento, que "se reflejaría en la utilización de estaciones policiales como lugares permanentes de detención", indicó el informe.
Sin embargo, la Policía no tiene la capacitación para cumplir con la función de custodia de los detenidos, que pese a ello transcurren largos períodos de tiempo en las estaciones policiales, las cuales "no cuentan con la infraestructura ni los servicios básicos para asegurar condiciones dignas de detención".
Ante la sobrepoblación en las cárceles, la Procuración Penitenciaria de la Nación advirtió que el Estado intentó ocultar "las reales dimensiones del problema" con el agregado de colchones en los establecimientos para aumentar de manera ficticia el número de plazas.
La CIDH hizo suyas además las preocupaciones del Comité de Derechos Humanos, que este año observó la falta de autonomía funcional y de presupuesto con la que funciona la Defensoría Pública.
Aunque los gobiernos provinciales han tomado algunas medidas para paliar la prisión preventiva, la Relatoría puso foco en la provincia de Santa Fé (centro) donde el porcentaje de personas en esta situación no alcanza el 30 por ciento del total de presos.
Como aspecto positivo, la Comisión valoró una iniciativa del Gobierno de Mauricio Macri para reformar el sistema judicial.
