"La decisión de introducir medidas más rigurosas está en estudio; estamos fortaleciendo las verificaciones documentales y físicas", señaló en declaraciones a la prensa.
Andriukaitis ha destacado la importancia de restablecer la confianza con las exportaciones brasileñas luego del escándalo de la carne adulterada y defendió la adopción de un sistema de control "oficial e independiente" con respuestas inmediatas frente a las situaciones de crisis.
No obstante, aseguró que se está llamando a los países de la UE a ser más precavidos en los controles.
"Sugerimos a cada país que verifiquen los productos que entran en sus territorios", indicó.
El ministro de agricultura de Brasil, Blairo Maggi, dijo que el Gobierno de su país debe adecuarse a la nueva situación.
"Europa tiene determinadas reglas en cuestiones alimenticias; el momento en que vivimos es un momento en el que vendrán con nuevas propuestas y reglas, y necesitamos entender lo que nos proponen" afirmó el funcionario en Brasilia, después de participar en un evento sobre resistencia a antibióticos.
El gobierno de Brasil se plantea también formar una comitiva que en mayo visite varios países de Europa, Oriente Medio y Asia para dar explicaciones técnicas y políticas y retomar la confianza de los compradores en el mercado brasileño.
Para Maggi, la investigación de la operación Carne Fraca (Carne Débil, en portugués) ha sido "absolutamente transparente" y prometió comunicar cualquier incidencia "independientemente de las consecuencias".
Andriukaitis, en tanto, escribió en su cuenta de la red social Twitter que tuvo una discusión "franca y abierta" con el ministro brasileño y recalcó que el diálogo permanece abierto.
Este jueves habrá una nueva reunión del Gobierno brasileño con representantes de la UE.
La operación Carne Fraca se dio a conocer el pasado 17 de marzo por la Policía Federal de Brasil.
Según las investigaciones varias empresas cárnicas maquillaban el olor de la carne caducada a través de productos químicos, inyectaban agua para aumentar el peso de algunos productos y cambiaban el embalaje con la fecha de caducidad.
Además dichas compañías habrían sobornado a los inspectores del Ministerio de Agricultura para obtener licencias y evitar inspecciones en sus frigoríficos.
Hasta ahora son 21 las empresas sospechosas de fraude.
