"Intimo a ambos a que en el plazo de veinticuatro (24) horas de recibida, ratifiquen o rectifiquen de manera pública tal información", reclamó Fernández de Kirchner en sus misivas.
Un artículo del diario Clarín sostuvo el viernes que cuando Macri visitó España a fines de febrero, González le preguntó "¿por qué no va presa Cristina Kirchner?".
"Quiero que sepas que nadie va a invertir en serio en Argentina hasta que los hechos de corrupción de Cristina sean juzgados y condenados", habría dicho González, jefe de Gobierno entre 1982 y 1996, según el periódico argentino.
Clarín asegura que González transmitió a Macri el parecer "de muchos dirigentes políticos de Europa y de la mayoría de los jefes de las grandes compañías españolas".
Fernández de Kirchner inquirió a Macri "si cumplió con los deberes a su cargo, de rechazar manifestaciones que, como ocurre en este caso, importan además de una extorsión sin precedentes, la intromisión indebida de asuntos internos, además de exclusivo resorte de la justicia".
En su carta a Felipe González, la exmandataria asegura que le "cuesta imaginar la escena de un expresidente de un Gobierno democrático extorsionando a un presidente en ejercicio de otro país democrático para que vaya presa otra expresidenta, bajo la amenaza de que de no suceder eso no habría inversiones económicas".
"El pueblo argentino tiene derecho a saber cuáles son los condicionamientos que pretenden ser impuestos por los supuestos inversores que usted representa y de tal manera, a través de sus autoridades institucionales, actuar en consecuencia", añadió.
Fernández de Kirchner está procesada en una causa que investiga supuestas irregularidades cometidas durante su gestión en la concesión de proyectos viales, y en otro expediente que indaga sobre las operaciones de venta de dólar a futuro del Banco Central.
La exmandataria también está imputada en otras dos causas.
En una se investiga el pago de alquileres de los hoteles que pertenecen a la sociedad inmobiliaria familiar Los Sauces a cambio de que supuestamente empresarios afines fueran favorecidos con contratos de obra pública.
En la segunda se examina a la sociedad hotelera Hotesur, también propiedad de la familia Kirchner, por presuntas irregularidades en el alquiler de hoteles al empresario detenido Lázaro Báez.
