La operación inició tras una petición del Tribunal Supremo Federal de investigar el supuesto pago, por parte de las empresas constructoras, del 1% del valor de la obra al Partido del Movimiento Democrático (PMDB) y el Partido de los Trabajadores (PT).
En mayo del año pasado el Supremo ya dio luz verde para investigar a Lobão padre —que fue ministro de Minas y Energía cuando supuestamente se pagaron los sobornos—y poco después se amplió el número de presuntos implicados.
En junio se abrió una investigación contra cuatro senadores del PMDB: Renan Calheiros, Romero Jucá, Valdir Raupp y Jader Barbalho, todo ellos sospechosos de haber practicado delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.
Belo Monte es la mayor obra que se realiza en Brasil, y cuando concluya —se espera que en enero de 2019—, se convertirá en la central de energía hidroeléctrica más grande del país, abasteciendo el 10% del consumo nacional.
El coste estimado es de 28.900 millones de reales (9.484 millones de dólares), aunque la cifra ha ido aumentando desde el presupuesto inicial y podría seguir haciéndolo antes de que acaben las obras.
El concurso para construir la obra se lo llevó el consorcio Norte Energia, formado en un principio por la Compañía Hidroeléctrica de São Francisco —una subsidiaria de Eletrobras—, Querioz Galvão, Galvão Engenharia y otras empresas.
Sin embargo, poco después entraron también en la obra las constructoras Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa y Odebrecht, todas ellas implicadas en la trama de corrupción destapada con la Operación Lava Jato.