La petición urgente se produjo después de que la inspección, a principios de junio, de varios fiscales del MPF junto a técnicos del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), la Fundación Nacional del Índio (FUNAI), el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y varias universidades que, además, registrase la violación de 55 acuerdos presentes en el Proyecto Básico Ambiental (PBA), entre ellos, la destrucción de 272 viviendas por parte del consorcio constructor, Norte Energía.
"El informe preliminar recomienda la intervención urgente en el proceso para paralizar las demoliciones y violación de los derechos de las poblaciones desalojadas. Una de las primeras medias que debe ser tomada es la paralización de la llamada balsa de demolición que, desde hace meses, recorre el río Xingu expulsando a los habitantes de las riberas y a los pescadores de la región", ratificó el informe del MPF.
Si el proceso no es detenido, 2.000 familias indígenas dejarán sus hogares que serán demolidos e inundados por las aguas de un presa que ocuparán 78.793 hectáreas a un coste 11.000 millones de dólares y que tendrá una producción diaria de 11.000 megawatios, situándose como la tercera mayor hidroeléctrica del planeta únicamente superada por las Tres Gargantes, en China, y la hidroeléctrica de Itaipú, entre Brasil y Paraguay.
Por su parte, y ante el silencio del gobierno de Dilma Roussef tras la decisión del MPF, Norte Energía emitió un comunicado de prensa en el que señaló que las demoliciones efectuadas en la región de Altamira "están dentro de la ley" e insistió en que la empresa "siempre ha mantenido el diálogo y la negociación en respeto a los derechos de los afectados por el proyecto".
En entrevista con Sputnik Nóvosti, el activista de la organización "Xingu Vivo" contra la construcción de Belo Monte, José Alberto Bráz de Lima, denunció que a una semana de la denuncia del MPF "la situación continua igual" y que la empresa Norte Energía "continúa deforestando la región y expulsando a sus habitantes a un ritmo todavía más acelerado".
"Para el gobierno de Brasil no existe conflicto, está incumpliendo la legislación de protección al indígena de la Constitución y permitiendo un proceso similar al que se produjo en el pasado cuando trajo a la región a cientos de trabajadores del nordeste para explotar el caucho", explicó el activista quien opinó que "la acción es idéntica pero ahora la muerte de estos pueblos es cultural".
"El interés más visible en la obra es el del gobierno, el de ciertos paíse s(China) y de las constructoras de Belo Monte que son las mismas que están envueltas en la corrupción de Petrobras", declaró Bráz en referencia a la empresa china State Grid que controla parte de la construcción de Belo Monte junto a las brasileñas Furnas y Electronorte, y que, recientemente, presionó al gobierno de Brasil para traer a 5.000 trabajadores chinos a las obras de la hidroeléctrica.
Además, el activista señaló los intereses de ambos países, Brasil y China, de extraer el hierro de la región del Amazonas: "Sabemos que entre los productos minerales extraídos del suelo amazónico algunos, como el hierro, necesitan una enorme cantidad de energía para ser convertidos en lingotes y poder ser exportados".
De hecho, China es el mayor importador de mineral de hierro de Brasil con una importación de 70,8 millones de toneladas hasta el mes de mayo de 2015 y un total de 378 millones de toneladas en 2014, situándose junto a la soja y el cobre como los productos clave para entender la construcción del ferrocarril Transoceánico, junto a China y Perú, que permitirá la exportación de las materias primas al país asiático a través de los puertos peruanos del Pacífico.
"En este proceso de grandes obras de infraestructura impulsado por el gobierno, las empresas constructoras además de multiplicar su lucro podrán aumentar su contabilidad opaca y contribuir con ello a las campañas electorales de los partidos políticos que las benefician", sentenció Braz haciéndose eco de la detención de los presidentes de las constructoras Odebrecht y Andrade Gutierrez la semana pasada por la Policía Federal.
Mientras la destrucción de casas continúa avanzando, la única respuesta a la sentencia del MPF por parte del gobierno de Brasil fue la celebración, el pasado 17 y 18 de junio, del Seminario de Desarrollo Económico de Xingu en el que técnicos de la Secretaria de Desarrollo Económico, Mineración y Energía (SEDEME) explicaron las ventajas del Plan de Desarrollo Regional Sustentable del Xingu.
En el mismo, la secretaria adjunta del SEDEME, Maria Amélia Enriquez, explicó a los asistentes las consecuencias de una marcha atrás en el proyecto de Belo Monte: "Con la desmovilización de la mano de obra contratada en la construcción de Belo Monte, no es solamente el empleo que dejará de ser general, sino una gama de servicios como hoteles y restaurante que fueron atraídos a la región por el proyecto de la hidroeléctrica".
Sin embargo, las explicaciones de los técnicos del gobierno continúan sin convencer a nadie, especialmente, los miles de indígenas del Xingu que tendrán que dejar sus aldeas a cambio de indemnizaciones que, en el mejor de los casos, apenas les permitirán una modesta casa en alguna de las crecientes ciudades de la región, José Braz advierte: "Las obras están casi listas y las soluciones a la situación de los indígenas todavía no ha salido del papel. Su cultura desaparecerá con el río".
