En concreto, Anticorrupción solicita el inmediato encarcelamiento de los empresarios Francisco Correa, Álvaro Perez (conocido como "el bigotes) y Pablo Crespo (que fue miembro del Partido Popular).
Francisco Correa, considerado el principal cabecilla de la trama (Gürtel significa Correa en alemán), fue condenado el pasado viernes a 13 años de cárcel y una multa de casi cuatro millones de euros por sus actividades ilícitas en Valencia.
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Pablo Crespo afronta una pena similar mientras que Álvaro Pérez tiene una condena de 12 años de cárcel.
Según la sentencia condenatoria, el grupo de empresas de Correa se creó "para influir en la administración, manipular concursos públicos y lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes".
Además de esta causa, Correa afronta procesos referentes a una posible financiación ilegal del Partido Popular y a ramificaciones de la trama corrupta que llegan hasta Madrid.
Su presencia era tan habitual en la sede nacional del partido conservador en Madrid que, según explicó él mismo, "tenía una tarjeta como los miembros de la ejecutiva del partido y no pasaba por ningún escáner" para acceder al edificio.
El pasado fin de semana tuvo lugar el congreso estatal del Partido Popular, en el que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, admitió que la formación conservadora se vio afectada "de forma transversal" por los numerosos casos de corrupción salidos a la luz en los años recientes.
La dirigente conservadora subrayó que el partido "admitió sus errores" e "hizo propósito de enmienda".
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Sin embargo, el Partido Popular, que se sienta en el banquillo de los acusados en uno de los juicios de la trama Gürtel por supuesta financiación ilegal, volvió a ser objeto de polémica después de que sus representantes legales se negaran este lunes a prestar declaración y esclarecer ante el juez los hechos que se le imputan como partícipe a título lucrativo de supuestas actividades ilícitas.