A cambio, Río de Janeiro recibiría un balón de oxígeno en forma de dos préstamos de 6.500 millones de reales (más de 2.000 millones de dólares).
El ejecutivo de Pezão pidió que la entrega del dinero extra se acelerase para poder pagar a los funcionarios, pero la Abogacía General de la Unión (AGU) recurrió, al entender que primero el gobierno de Río debía ejecutar lo acordado.
El ministro de Economía y Hacienda del gobierno federal, Henrique Meirelles, avisó el lunes de nuevo de que no se anticiparán los recursos si no se aprueban las medidas pactadas.
"Si no se aprueban vamos a tener que volver a sentarnos y ver qué podemos hacer", aseguró.
La aprobación de estas medidas es compleja porque Pezão cuenta cada vez con más oposición en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) y crece el rechazo popular a las medidas de austeridad.
A las manifestaciones frecuentes a las puertas de la Alerj se sumó en los últimos días un intento de huelga encubierta de la Policía Militar, que reclama que hace meses que cobra con retrasos.
El estado de Río de Janeiro, que el pasado mes de julio decretó el estado de "calamidad financiera", espera cerrar el año 2017 con un agujero en las cuentas públicas de 26.132 millones de reales (8.400 millones de dólares).
