Extranjeros en Argentina rechazan decreto migratorio impulsado por el Gobierno

Lourdes Rivadeneira, referente de la Red Nacional de Migrantes de Argentina, constató en diálogo con Sputnik que medidas como las que intenta llevar adelante el Gobierno "lo único que logran es instalar en la sociedad argentina una ola de discriminación, xenofobia y racismo para con la comunidad migrante".

Según la activista, los fundamentos del decreto "están en consonancia con lo que está sucediendo a nivel global" en cuanto el trato a los migrantes y al discurso sobre su vinculación con la delincuencia.

"[El presidente Mauricio] Macri basó su campaña en erradicar la inseguridad y la delincuencia. No ha podido avanzar y tiene que buscar un chivo expiatorio a quien culpar. En este caso somos nosotros, la comunidad migrante", sentenció Rivadeneira.

La integrante del colectivo señaló que existe un aumento de denuncias ante el Instituto Nacional de la Discriminación, debido a que las situaciones de vulneración de derechos de los inmigrantes "están aumentando". Desde insultos y pedradas basadas en la nacionalidad de proveniencia hasta la negación de la asistencia médica en hospitales públicos por no poseer "un documento nacional de identidad definitivo".

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Amnistía Internacional también criticó la aplicación del decreto de necesidad y urgencia por considerar "un error" la reducción del "fenómeno de la migración a un debate sobre seguridad nacional, que asocia el migrante al delincuente".

"Alarma a la organización internacional el establecimiento de una política regresiva que introduce impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnera el derecho de defensa, elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina", expresó la entidad en un comunicado.

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El Gobierno justifica su medida en la incidencia de los ciudadanos extranjeros en el número de personas recluidas, particularmente por delitos de narcotráfico.

​Pocos días antes, Alfredo Olmedo, un diputado de la provincia de Salta, afirmó en una entrevista televisiva estar a favor de levantar un muro a lo largo de la frontera con Bolivia. A juicio del legislador, el límite está desprotegido y por allí "pasa la droga y la trata de personas".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó en una entrevista con la emisora La Red que era necesario modificar la normativa migratoria a la luz de las estadísticas penitenciarias: un 6% de los reclusos en establecimientos federales provienen de otros países, cifra que asciende a un 33% en los privados de libertad por delitos vinculados al narcotráfico. Basada en estas cifras, Bullrich apuntó especialmente al rol de los paraguayos y los peruanos en el narcotráfico.

Sin embargo, los números indicados por la ministra no fueron del todo precisos. Un artículo publicado por La Nación destaca que las cifras expresadas no tienen en cuenta los reclusos por delitos de narcotráfico en prisiones provinciales. Si bien en la mayoría de Argentina es la Justicia federal la que interviene en esta materia, algunas jurisdicciones pasaron la competencia al ámbito provincial.

Así, el porcentaje de extranjeros desciende del 33% al 17,5%. En conjunto, la cantidad de detenidos de otros países en todas las prisiones de Argentina es menor al 0,2% del total de extranjeros residentes, apunta el periódico.

Actualmente, Argentina es el país de América del Sur que más inmigrantes tiene. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), eran 2.086.302 los extranjeros que vivían en ese país en 2015. En términos relativos, representan casi el 4,81% de la población.

Los países latinoamericanos con más ciudadanos residentes en Argentina son Paraguay (679.044 personas), Bolivia (419.048), Chile (213.119), Perú (195.320) y Uruguay (132.749).