"Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional (…) haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en la República Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad", señala el decreto publicado en el Boletín Oficial.
Por añadidura, cualquier sentencia condenatoria en firme "operará automáticamente cancelando la residencia cualquiera fuese su antiguedad, categoría o causa de la admisión, y llevará implícita la expulsión", establece el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri.
Hasta la actual reforma, era el Poder Judicial el que determinaba las expulsiones de extranjeros, mientras que a partir de ahora dependerá del Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
"El Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal deberán notificar a la Dirección Nacional de Migraciones de todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero en el plazo de cinco (5) días hábiles de producido", subrayó el decreto.
El Estado "ha enfrentado severas dificultades" para hacer efectivas las órdenes de expulsión dictadas contra extranjeros como consecuencia de los trámites procesales que "en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación", señalan los considerandos.
Cifras
El 21,35% de la población carcelaria del Servicio Penitenciario Federal (SPF) es extranjera, destacó el Gobierno en su decreto.
Para remarcar el alto índice de criminalidad, el Ejecutivo añadió que el 4,5% de la población de Argentina es extranjera, según el último censo nacional.
El SPF aloja en todo el país a 10.521 presos, mientras que si se tienen en cuenta todas las unidades penitenciarias, el número de detenidos asciende a 71.464 personas, según estadísticas del Ministerio de Justicia actualizadas al 31 de diciembre de 2015.
La violación de la Ley de Estupefacientes 23.737, que conlleva penas de prisión de entre tres y seis años, constituye la tercera causa de encarcelamiento en el país, por detrás de los delitos de robos y homicidios dolosos.
Este estudio añade un dato significativo: el 85% de los ecuatorianos (11 personas), el 80% de los sudafricanos (8), y el 55% de los españoles (18) privados de libertad en Argentina están por vulnerar esta normativa.
La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hace unos días que había que "ordenar" la inmigración de Perú, Paraguay y Bolivia por su vinculación con el narcotráfico.
En total, son 1.425 los extranjeros detenidos por este motivo, mientras que si se añaden los argentinos, la cifra asciende a 8.001 de acuerdo al informe de Infracción a la ley de drogas, u 8.193 según el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena (Sneep), también del Ministerio de Justicia.
De los detenidos por supuestamente violar la Ley de Estupefacientes, sólo uno de cada tres tiene condena.