"En el tema de las drogas, el 33% de los presos federales son extranjeros", así que "hay que ordenar las relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú", sostuvo Bullrich en declaraciones a Radio La Red.
La funcionaria reconoció que el 90% de los ciudadanos de esos países "ingresa con algún tipo de control", ante "un tránsito de 10 millones de personas en las fronteras".
No obstante, Bullrich insistió en que "la concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación en nuestro país".
Con la reforma de la Ley de Migración, el Gobierno intenta evitar que ingrese al país "aquel que tenga antecedentes de delitos federales, como trata, narcotráfico", explicó Bullrich.
Mientras, "toda persona extranjera que cometa un delito tendrá un trámite rápido de expulsión", añadió la ministra.
Sin embargo, la actual normativa ya exige el certificado de antecedentes penales de los países en los que el extranjero "haya residido por un plazo superior a un (1) año, durante el transcurso de los últimos tres (3) años", según el decreto 636/2010 que regula la ley vigente.
Por nacionalidades, los paraguayos lideran el listado de las radicaciones permanentes y temporarias que ha concedido Argentina desde 2011, seguidos por los bolivianos y los peruanos.
El 4,5% de los habitantes de Argentina son inmigrantes, de acuerdo al último censo oficial de 2010.
De las 71.464 personas que componen la población carcelaria de Argentina, 67.015 son argentinas, 1.400 paraguayas, 782 peruanas y 731 bolivianas.
Más de la mitad de los presos no tienen todavía condena.
El principal delito imputado a las personas privadas de libertad es el de robo o tentativa de robo (26.025 presos), seguido de homicidio doloso (9.572), y solo en el tercer lugar aparece la infracción a la ley de estupefacientes, por el que están detenidas 7.862 personas.
