Frente a la debilidad de las instituciones del Estado, el crecimiento sostenido de la economía en Perú trajo aparejado un aumento de actividades ilegales, un componente que "tiene como locomotora al narcotráfico y va de la mano con lavado de activos, tráfico de personas, minería ilegal y tráfico de inmuebles", entre otras, explicó Albán, actual director ejecutivo de Proética, sección peruana de la ONG Transparencia Internacional.
"Todas estas actividades, que a su vez repercuten en un alto índice de criminalidad, han ido progresivamente extendiendo la corrupción al interior del aparato del Estado de manera más peligrosa que antes", indicó el también exministro del Interior de Perú (2013-2014) durante la presidencia de Ollanta Humala.
En el presente "es muy difícil pensar en alguna institución que no tenga un nivel de contaminación fuerte" debido a la vinculación del sistema político con la economía ilegal.
"Estas organizaciones, dada la manera con la que está diseñado el sistema electoral, rápidamente encuentran una forma de sostener sus campañas y de conseguir financiamiento haciendo muy poca evaluación, teniendo muy poco cuidado respecto a quiénes llevan al Congreso de la República", dijo el representante de la sociedad civil.
Como consecuencia, "un porcentaje importante de candidatos tienen vínculos con organizaciones criminales o están en curso procesos o investigaciones que tienen que ver con lavado de activos", agregó el jurista.
Según la última encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en Perú, la ciudadanía considera a ese fenómeno como el segundo problema (46%) detrás de la delincuencia (62%) y por delante de otros problemas como la pobreza, el desempleo y la salud.
Además, Kuczynski convocó a una comisión presidencial de integridad "para que en un plazo de 45 días contribuya a dar propuestas concretas que puedan servir para la lucha contra la corrupción". Este cuerpo está integrado por miembros de la esfera política, la sociedad civil y el ámbito empresarial sin actividad actual en el ámbito estatal y "que sin duda no tienen ningún cuestionamiento y son personas muy respetadas", agregó.
Para el experto, muchas veces las medidas anticorrupción se ven obstaculizadas por el mismo Congreso de la República. Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país, entidad que investiga hechos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, reivindicó durante ocho años que se le den permisos para acceder a información bancaria y tributaria pero el Congreso lo ha negado varias veces.
Finalmente, el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo por un período de 90 días. Aceptaron que la UIF pudiera levantar el secreto bancario y tributario, pero con limitaciones. "Es una clara muestra de la poca voluntad que existe de que se pueda conocer y hacer transparente el dinero de las organizaciones políticas", concluyó Albán.
