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Cambio en Constitución que congela gasto público avanza en Congreso de Brasil

© REUTERS / Paulo WhitakerLa sede del Congreso Nacional en Brasilia
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RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 241, que congela el gasto público en los próximos 20 años, fue aprobada en la Cámara de Diputados por 359 votos a favor, 116 votos en contra y dos abstenciones.

La propuesta de ley ya había sido aprobada en el primer turno hace dos semanas y tras este trámite tan solo faltará analizar las alegaciones y llevarla a votación en el Senado, donde se prevé que pueda votarse el 13 de diciembre, por lo que podría entrar en vigor ya en 2017.

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¿En qué consiste la ley que limita el gasto público en Brasil durante 20 años?

La PEC 241 establece que los gastos del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial- solo podrán crecer conforme a la inflación del año anterior durante los próximos 20 años, aunque a partir del décimo año pueden modificarse las reglas.

La sesión en que se aprobó la medida estuvo marcada por los enfrentamientos entre los diputados aliados del Gobierno y de la oposición y por las protestas de un grupo de jóvenes situado en la galería de invitados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, suspendió la votación debido al griterío y amenazó con expulsarlos, aunque finalmente pudieron permanecer en sus asientos.

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Manifestaciones por todo Brasil contra la ley que congela el gasto público 20 años

Al tratarse de una modificación de la Constitución, la propuesta necesitaba el voto favorable de al menos tres quintos de los diputados (308 de los 513), pero finalmente el Gobierno de Michel Temer logró convencer a un amplio número de aliados y tuvo una holgada mayoría.

La PEC 241 está considerada por el Gobierno de Temer una de las principales herramientas para restablecer el orden en las cuentas públicas, disminuir la deuda y estimular la recuperación económica.

Los detractores de la medida, principalmente la oposición de izquierda y los movimientos sociales, que se han manifestado con fuerza en los últimos días, consideran que en la práctica la ley implica paralizar la inversión en áreas sociales básicas como la sanidad y la educación.

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