El presidente del tribunal encargado del juicio explicó en la sesión de este lunes que su rechazo a que Mariano Rajoy testifique tal y como pide la acusación popular se debe a que ya está previsto como testigo el ex secretario general del partido, Javier Arenas.
También están citados como testigos en el juicio una serie de altos dirigentes del partido (incluidos algunos ministros) que a ojos del juez también podrían aclarar las cuestiones que se le pudieran plantear a Rajoy.
En este juicio, el Partido Popular de Mariano Rajoy está estado en el banquillo de los acusados como responsable civil por haberse beneficiado de 328.440 euros de dinero ilícito de la trama para sufragar campañas electorales.
Comienza en #España el macrojuicio por corrupción que afecta al Partido Popular https://t.co/Sodu0GSmWp pic.twitter.com/JLliorjv21
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 4 de octubre de 2016
La fiscal del caso insistió este martes durante la tercera sesión del juicio que el Partido Popular "se benefició de fondos procedentes de cohecho y malversación" de una red corrupta, por lo que debe ser juzgado como responsable civil.
El Partido Popular, en cambio, considera que su organización no es culpable de estos delitos y pide ser retirado del juicio para que en su lugar se juzgue a las agrupaciones municipales que supuestamente se beneficiaron de ese dinero.
La Fiscalía pide para Crespo más de 85 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho, falsedad continuada, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales o tráfico de influencias, entre otros.
Bárcenas, que también está implicado en otros casos de corrupción, está acusado de blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, ocho delitos contra la Hacienda Pública, estafa en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil, por lo que la Fiscalía pide para él más de 42 años de prisión.
El presunto cabecilla de la trama es Francisco Correa, un empresario con conexiones políticas para el que la Fiscalía pide 125 años y 1 mes de prisión por delitos de asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho, malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública o blanqueo de capitales.
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Los múltiples casos de corrupción en los que se encuentra sumido el Partido Popular suponen uno de los principales escollos para desbloquear la situación política en España.
A pesar de ser el partido más votado, la sombra de la corrupción, entre otras cosas, ha impedido hasta ahora que los conservadores cosechen entre las fuerzas de la oposición los apoyos o abstenciones suficientes como para que se les permita formar Gobierno.