¿Las FARC colombianas correrán la suerte de extermino del M-19?

"Una paz que no siembre esperanzas es un espejismo, hecho para satisfacer la vanidad de unos políticos y la hegemonía de unos poderes".

(William Ospina, escritor colombiano)

Hasta el 26 de septiembre, Colombia era considerada como el corazón de América Latina, que, durante 52 años, sintió sus trágicos latidos debido a la guerra interna que consumía a sus habitantes día tras día.

Todo esto explica la reacción moderada de la mayoría de los colombianos y la ausencia del jolgorio y el bullicio en las calles de su capital, Bogotá, o especialmente, en Cartagena de Indias, donde ante una plaza llena, vestida de blanco y custodiada por 16.000 agentes de Policía se firmó el acuerdo final entre las FARC y el Gobierno colombiano, que podría ser vital para el futuro del país. En un acto simbólico y ante la presencia de 17 jefes de Estado, 27 cancilleres, incluyendo a John Kerry, representantes de 10 organizaciones multilaterales, entre ellos el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el máximo líder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, conocido como Timoleón Jiménez 'Timochenko', y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos firmaron con un 'balígrafo' (una pluma hecha de una bala usada en la guerra) el Acuerdo de Paz.

Al estampar su firma, Santos gritó: "no más guerra, no más guerra", mientras que Timochenko exhortó a los colombianos a tomar el camino "hacia la política sin armas". En su discurso, el líder de las FARC-EP pidió perdón a los colombianos por el dolor causado durante los años de guerra y se comprometió a dejar la lucha armada y seguir luchando sin armas por acabar con la injusticia y la desigualdad "para que no haya más niños muertos de hambre en La Guajira ni en Chocó". También Timochenko aclaró que el Acuerdo de Paz no significa la reconciliación del socialismo con el capitalismo. En su alocución, llamó al Estado a prescribir la violencia y la persecución contra los opositores políticos.

Lograr un Estado de paz en un país dividido social y políticamente será una tarea harto difícil y el pueblo colombiano lo decidirá el próximo 2 de octubre, cuando emitirá su voto en un plebiscito por un NO o un SÍ a la pregunta: "¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?" Seguro que antes de su decisión, los colombianos evocarán en su memoria a ocho millones de víctimas del conflicto social armado de más de medio siglo, se acordarán de 250.000 muertos, de más de 49.000 desaparecidos, de 30.000 secuestrados y de 5.000 'falsos positivos'.

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Pensarán también en la frustración que le habían traído los anteriores acuerdos de paz. El primer acuerdo de paz fue firmado entre Movimiento Guerrillero 19 de Abril (M-19) y el Gobierno de Virgilio Barco, que culminó con la entrega de armas el 8 de marzo de 1990 en su campamento de Santo Domingo, poniendo el punto final a 20 años de la lucha. Después de la desmovilización, el M-19 se convirtió en un movimiento político de centro-izquierda Alianza Democrática M-19 (AD-M19). Muchos de los militantes del M-19 consideraron una traición la desmovilización, otros se pasaron a las filas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que sigue existiendo. El máximo comandante del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, fue asesinado el 26 de abril de 1990, un mes y medio después de la desmovilización. Muchos de sus partidarios de la AD-M19 también fueron asesinados por el Estado.

La segunda búsqueda de solución al conflicto armado se inició durante el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). En 1984 se logró un cese del fuego y la desmovilización de algunos miembros de las FARC, que formaron un partido político, la Unión Patriótica (UP), a la que se unieron militantes del Partido Comunista (PC). Sin embargo, la paz no duró mucho, porque la mayoría de los miembros de la UP fueron asesinados. Los máximos líderes de las FARC, Manuel Marulanda, (1930-2008), alias 'Tiro Fijo', y el ideólogo Luis Albero Morantes, alias 'Jacobo Arenas' (1924-1990), se salvaron porque no retornaron a la vida civil y muy pronto hicieron reorganización de las FARC, retornando a la lucha guerrillera.

El tercer intento de acuerdo de paz se produjo durante el Gobierno de César Gaviria (1990-1994) cuando los representantes del Gobierno, de las FARC y del ELN se encontraron en Caracas, en 1991, y posteriormente en México. Pero el diálogo se deshizo rápidamente después que el Ejército Popular de Liberación (EPL) secuestró al exministro Argelino Durán, quien falleció en cautiverio víctima de un ataque cardíaco. Posteriormente, durante el Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) se trató de lograr un acuerdo con el ELN y el EPL, pero la propuesta de la guerrilla de realizar una Convención Nacional fue rechazada por el presidente y las buenas intenciones se quedaron en nada.

El quinto diálogo de paz lo trataron de realizar el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y los representantes de las FARC. Inclusive fue suscrita en 1999, la 'Agenda Común' denominada 'Por el Cambio hacia una Nueva Colombia'. También este intento fracasó debido al creciente paramilitarismo en forma de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creado por Álvaro Uribe ya en los años 1990. Precisamente, el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), llamado por uno de los más importantes centros de investigación del narcotráfico "The Narco News", el 'precursor del Narco-Estado en Colombia' y mimado por Washington está organizando las marchas y campañas en apoyo al voto NO en el próximo plebiscito en Colombia.

Todo esto explica que, de lograr el voto SÍ la mayoría el próximo 2 de octubre en Colombia, la puesta en marcha del Acuerdo de Paz tomará tiempo y tendrá que superar muchos obstáculos para implementar los cinco principales puntos del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno y las FARC. No hay que olvidar que para lograr el entendimiento, los líderes de las FARC tuvieron que sacrificar su plan de la Asamblea Constituyente rechazada tajantemente por el presidente Santos. Precisamente la Asamblea hubiera podido encausar el sistema político actual colombiano diseñado para la guerra hacia la paz. Pero esto no ocurrió y la participación popular fue limitada al plebiscito.

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El cese del fuego y el desarme definitivo, que durará 180 días supervisado por las Naciones Unidas y resguardado por 16.500 soldados del Ejército, será también un proceso complicado. Recientemente, en los llanos de Yari, antes de la firma del acuerdo, se celebró el último Congreso de las FARC, donde los 200 delegados de todas las unidades, columnas, brigadas y frentes dieron su visto bueno a su contenido y discutieron la reorganización de las FARC y la celebración antes de mayo del 2017 de un congreso para formar un partido político y delinear su agenda. En la reunión también discutieron numerosos problemas que surgirán con la inserción de no menos de 15.000 combatientes en la vida civil, muchos de los cuales no tienen ninguna profesión.

Según el tercer punto del acuerdo, cada uno de los miembros de las FARC recibirá durante 24 meses, 180 días después de la firma del acuerdo de paz, una renta básica mensual de equivalente al 90% del salario mínimo legal (213 dólares). Después de eso recibirán por una sola vez, una asignación de dos millones de pesos (684 dólares) para su reintegración a la vida civil. La participación de los exguerrilleros en la política será también un proceso complejo con muchos altibajos. No hay que olvidar que Colombia es un país altamente militarizado y represivo, por mucho que se habla de democracia.

El país tiene el Ejército más grande de América Latina, con 620.146 efectivos, mientras que Brasil cuenta con unos 235.000 soldados. El Estado gasta para las fuerzas armadas el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y se calcula que, en los últimos 38 años, el país ha destinado a la guerra 332.000 millones de pesos (116 millones de dólares). También Estados Unidos ha aportado no menos de 6.000 millones de dólares por tener ocho sofisticadas bases militares en el corazón de Latinoamérica. Las organizaciones sociales han estado denunciando el actual sistema judicial, que sirve para acallar las voces críticas. A la vez, desde el inicio del cese del fuego el 28 de agosto pasado y hasta el 14 de septiembre, más de 20 líderes sociales y de derechos humanos fueron asesinados.

En estas condiciones, la participación de excombatientes en la vida política como una fuerza de la oposición estará llena de problemas, especialmente cuando para el Ejército los disidentes o la oposición política son considerados enemigos internos del Estado. Los cinco escaños en el Senado y los cinco en la Cámara de los Representantes que ofrece el Gobierno a las FARC hasta 2027 tras la firma del acuerdo y luego después de la deposición de las armas no podrán aportar mucho a la puesta en marcha de los planteamientos de los exmiembros de las FARC.

También el sistema de Jurisdicción Especial para la Paz, encabezada por 20 magistrados colombianos y cuatro extranjeros, tendrá que aplicar justicia tanto a los miembros de las FARC como a los agentes del Estado que han cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado. Quienes confiesan delitos de lesa humanidad o de guerra ante la Jurisdicción Especial recibirán sanciones con restricción de la libertad de cinco a ocho años. Esta cláusula ya recibió la crítica del director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien acusó al presidente Santos por los beneficios jurídicos otorgados a las FARC, pero cree al mismo tiempo que fueron peores que los que dio el anterior Gobierno al paramilitarismo.

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Los comandantes del Frente 29 y del Frente Daniel Aldana de las FARC, recientemente entrevistados, explicitaron el deseo de sus combatientes de incorporarse a la vida civil pero, al mismo tiempo, expresaron su preocupación por su seguridad, conociendo antecedentes históricos de las promesas de los gobiernos de turno y su olvido. Ahora toda la atención está concentrada en el próximo plebiscito, cuyos resultados podrían dar tan anhelado espacio a la paz o negarlo continuando la guerra, como está clamando Álvaro Uribe exigiendo "ni perdón ni olvido".

Mientras el país se está preparando para el plebiscito, viene a la memoria lo que dijo alguna vez el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Andréi Gromico, al afirmar que "siempre mejor diez años de conversaciones que 10 minutos de guerra".

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LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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