Recién celebrado el acuerdo, el Gobierno deberá aprovechar lo que resta de esta semana para lograr que el próximo domingo la mayoría de los ciudadanos voten "Sí" en el plebiscito para refrendar los acuerdos con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) acordados en cuatro años de negociaciones públicas y dos de conversaciones reservadas.
El último sondeo publicado el viernes por la firma Cifras & Conceptos indica una intención de voto de 54% por el "Sí" y de 34% por el "No".
A corto plazo
En ese periodo los insurgentes podrán emprender proyectos productivos y tener acceso a la educación y, al cabo de ese tiempo, empezar su incorporación paulatina a la sociedad.
Entonces y durante 24 meses, percibirán un sueldo equivalente al 90% del salario mínimo (unos 290 dólares) y tendrán la oportunidad de optar a un financiamiento para pequeños negocios personales.
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En la práctica ese paso entraña graves riesgos, ya que "el posconflicto territorial se gana en los primeros 18 meses después de la firma de los acuerdos", según Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y especialista en el conflicto armado.
El Estado deberá esforzarse para impedir que los grupos paramilitares remanentes, la gran amenaza para una paz estable y duradera, atenten contra los desmovilizados.
El Gobierno ha señalado que los militares dedicados hasta ahora a combatir a las FARC pasarán a atacar esas estructuras.
Mientras, las autoridades buscarán iniciar diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que por ahora busca hacerse con los territorios dejados por las FARC.
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Este proceso "ha puesto sobre la mesa las falencias estructurales del Estado, por lo cual ya no va a existir excusa de que no se puede llegar a los territorios por culpa de las FARC, sino que se tendrán que solventar las necesidades de los habitantes de las zonas más apartadas", dijo a Sputnik la analista Marcela Prieto, directora de Foros Semana.
Mediano plazo
Entre el 40 y 50% de los habitantes rurales carecen de título de propiedad, lo que obliga a una reforma con políticas públicas, regulación de la intervención privada y regularización de la propiedad a través de un catastro, un censo y otra serie de medidas.
"La necesidad de aliviar la presión que existe en el campo colombiano, que siempre ha estado olvidado por el presupuesto del Estado, lo convierte en el eslabón débil de la cadena", dijo Alonso Ojeda, exembajador y consultor político.
Según Ojeda, "las expectativas de que se entreguen a campesinos tierras que han sido incautadas a narcotraficantes para que puedan ser debidamente explotadas empieza a ser una demanda urgente tras la firma de la paz".
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Visto de este modo, la seguridad de los desmovilizados y la garantía de que se llevará a cabo una reforma agraria, el resarcimiento de las víctimas y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, son los retos del Estado en el posconflicto.
Largo aliento
Por eso, "será necesario trabajar con las nuevas generaciones en un desarrollo que tomará 20 ó 30 años y que permita una reinserción efectiva de todos los combatientes de las FARC, quienes deberán ser parte del mercado laboral y contribuir al desarrollo económico", observó.
Para la analista, es igualmente importante asegurar que los futuros gobiernos continúen esos proyectos de desarrollo.
"La paz es vista como el punto final de un proceso, cuando en realidad es el comienzo de una nueva Colombia llena de desafíos", dijo Ojeda.
En síntesis, las dos expectativas concretas son las económicas y las de un estatuto de oposición que garantice a un grupo que dejará de ser insurgente espacio para el trabajo político amparado en la Constitución.
