"Un funcionario de alto rango de la cancillería me dijo que está trabajando para arreglar mañana (martes) una visita especial con Jihad", dijo Conteris, tras sostener un encuentro con un representante del Gobierno venezolano.
El Ministerio de Exteriores también gestiona con Uruguay una solución a la situación de Deyab, pero hasta el momento "no existe una decisión acerca de su deportación", añadió Conteris, activista de la organización estadounidense Testigos Contra la Tortura (WAT, por sus siglas en inglés).
Sobre la posibilidad de que el hombre haya iniciado una huelga de hambre, como titularon algunos reportes de prensa, Conteris indicó que "quiero reiterar que eso no ha sido confirmado ni por mí, ni por su abogado Jon Eisenberg, con quien me he comunicado a diario en los últimos días".
Conteris explicó que durante los 12 años de prisión que pasó en Guantánamo, Deyab fue sometido a torturas y alimentación forzosa, "lo que le ha generado múltiples complicaciones en su organismo".
"Me temo que, al permanecer incomunicado como lo estuvo en Guantánamo, pueda estar en huelga de hambre, algo que en su condición de salud es muy delicado", señaló.
Eisenberg añadió que "no he hablado con Deyab desde el 5 de junio. Entiendo, sin embargo, que el Ministerio de Exteriores de Venezuela va a solicitar que se me permita telefonearlo".
En diciembre de 2014, Deyab llegó a Uruguay como refugiado, tras ser liberado sin cargos por EEUU.
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Desde entonces se acordó que se reuniría con su y esposa y tres hijos en ese país, algo que hasta el momento no ha ocurrido.
Por ello, arguyó Conteris, Deyab ha intentado gestionar a través de otros países esta petición, también ha planteado ser traslado a Turquía, país en el que se encuentra su familia, o a una tercera nación de Medio Oriente que le permita reencontrarse con ellos.
Sin embargo, Eisenberg desmintió haber recibido alguna llamada de su defendido.
Deyab fue detenido al salir de la sede consular por policías venezolanos, quienes demoraron nueve días para confirmar que lo tenían detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y advertir que no tenía autorización para visitas ni llamadas.
El prontuario del Departamento de Defensa de Estados Unidos sindica a Deyab como perteneciente a una célula afiliada a Al Qaeda, pero la justicia jamás le formuló cargos y Washington sostuvo al liberarlo que no había pruebas de que hubiera incurrido en actividades terroristas o contrarias a los intereses de EEUU.