El 21 de julio en el territorio nacional turco entró en vigor el estado de excepción de tres meses.
"La Convención Europea de DDHH se suspende mientras esté vigente el estado de excepción", dijo citado por la televisión NTV.
Aseguró a la vez que "no se tomarán medidas relativas a los derechos y las libertades fundamentales" durante el periodo mencionado y el Parlamento seguirá funcionando en agosto.
Turquía vive consecuencias de un fallido golpe militar que tuvo lugar el pasado 15 de julio y se saldó con 232 muertos y más de 1.500 heridos.
Después de sofocar la rebelión, las autoridades dieron comienzo a las purgas para descubrir a los simpatizantes del clérigo opositor Fethullah Gülen, a quien Ankara indica como promotor del motín. El imán, cuya extradición Ankara exige a Washington, niega esas acusaciones.
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En los días posteriores al golpe en todo el país fueron detenidas o suspendidas decenas de miles de militares, agentes, jueces, funcionarios públicos y docentes.