"Corresponde sin más trámite dar cumplimiento", ordenó la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
De no obedecer, el tribunal dispuso el secuestro de la documentación, e investigará si YPF incurrió en el delito de desobediencia.
Si YPF no entrega la información, "deberá librarse mandamiento de secuestro de dicha documentación y remitir copia de las actuaciones a la Justicia penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia", sostuvo la Cámara.
La Corte Suprema ordenó en noviembre de 2015 hacer público el contrato entre YPF y la petrolera estadounidense tras un reclamo judicial del diputado Rubén Giustanini de la provincia de Santa Fe (centro) hace casi tres años,
El diputado provincial había explicado a Sputnik Nóvosti que en realidad, el documento no fue firmado por YPF y Chevron, "sino por dos subsidiarias, una de YPF, que está inscrita en el Estado de Delaware (un paraíso fiscal) en Estados Unidos, y otra de Chevron, que esta inscrita en Bahamas".
El fallo del máximo tribunal señaló que la petrolera está alcanzada por el derecho de acceso a la información pública, reconocido en la Constitución argentina.
