La petrolera estatal YPF apelará la decisión de la jueza federal Cristina Carrión de Lorenzo, que ordenó esta semana hacer público el contrato firmado en 2012, en consonancia con la orden del máximo tribunal.
Según La Nación, "por orden de los representantes del Estado en la empresa", el directorio resolvió el martes apelar la resolución de la magistrada.
El único que votó a favor de la publicación fue el presidente y director ejecutivo de la empresa, Miguel Galuccio, nombrado en 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y quien dejará sus cargos el 1 de abril por petición del Gobierno de Macri.
"Aunque no quiere quedar identificado con una práctica del kirchnerismo, (el Gobierno) considera que la divulgación del convenio con Chevron causaría temor en posibles inversores", señaló La Nación.
Por un reclamo judicial del diputado socialista Rubén Giustinianni de hace casi tres años, la Corte Suprema ordenó en noviembre de 2015 hacer público el contrato entre YPF y Chevron para la explotación de hidrocarburos no convencionales en el extenso yacimiento de Vaca Muerta, en el sudoeste argentino.

Según Giustinianni había explicado a Sputnik Nóvosti, el documento no fue firmado por YPF y Chevron, "sino por dos empresas subsidiarias, una de YPF, que está inscrita en el estado de Delaware (un paraíso fiscal) en Estados Unidos, y otra de Chevron, que está inscrita en Bahamas".
El fallo del máximo tribunal señaló que YPF estaba alcanzada por las obligaciones emanadas del derecho de acceso a la información pública, reconocido en la Constitución argentina.