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Bonistas demandan al Gobierno de Puerto Rico por deuda impaga

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MONTEVIDEO (Sputnik) — Un grupo de acreedores de Puerto Rico solicitaron la anulación de una ley que autoriza a las autoridades de ese país a suspender pagos de deuda pública, para adelantarse a un posible impago de casi 2.000 millones de dólares el próximo 1 de julio, informó la prensa local.

"La Ley de Moratoria es transparentemente ilícita", dijo el asesor jurídico de la firma demandante Robbins, Russell, Englert, Orseck, Untereiner & Sauber, reseñó el portal local El Vocero.

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La Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, aprobada el 6 de abril por el Poder Legislativo, confiere al Gobierno el poder de detener pagos de deuda para garantizar servicios esenciales de salud y seguridad.

Para los denunciantes, la norma viola los derechos de acreedores.

"El gobernador Alejandro García Padilla ha violado deliberadamente la prioridad garantizada a los tenedores de bonos de obligación general por la Constitución de Puerto Rico y ha infringido protecciones constitucionales federales centenarias de derechos de propiedad y contractuales", agregó este martes el representante de los litigantes, según El Vocero.

Congreso posterga debate

García Padilla había viajado a Nueva York para reunirse con legisladores estadounidenses que este martes debían iniciar el debate del proyecto de ley 5278, que contempla una reestructuración de la deuda puertorriqueña, sujeta a la creación de una Junta de Control Fiscal que estaría por encima del Gobierno de Puerto Rico.

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Pero el debate, que había solicitado el senador demócrata Robert Menéndez, fue bloqueado y pospuesto por el opositor Partido Republicano hasta la próxima semana, según el diario El Nuevo Día.

Menéndez y otros ocho senadores demócratas reclaman un debate abierto sobre la propuesta y denunciaron que los republicanos buscan posponer la decisión hasta último momento antes de que el 1 de julio Puerto Rico tenga que pagar casi 2.000 millones de dólares, para reducir las reformas al proyecto, indicó el periódico.

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Las objeciones de Menéndez se centran en los poderes que tendrá la Junta, por encima del Gobierno electo de Puerto Rico y el requerimiento de una mayoría de cinco de los siete miembros que tendrá el órgano para aprobar la reestructuración de deuda.

La idea de esta Junta ganó opositores el lunes cuando el Comité de Descolonización de Naciones Unidas reiteró el derecho de la isla a tener autodeterminación y un gobierno propio.

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A principios de septiembre del año pasado, el Gobierno puertorriqueño presentó su Plan de Ajuste Fiscal, cuestionado por diversos especialistas que advertían que llevaría al país al estancamiento económico.

El plan incluía importantes recortes en educación, salud y beneficios laborales, al tiempo que establecía una serie de aumentos impositivos y habilitaba la participación de capitales privados en áreas que históricamente habían sido de gestión exclusiva del Estado, como la energía eléctrica.

La deuda de Puerto Rico asciende a unos 73.000 millones de dólares; el gobernador García Padilla sostuvo el año pasado que es "impagable".

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