La planta, situada a 150 kilómetros de Alepo, empezó a funcionar en 2011, cuando los terroristas de Daesh se apoderaron de los territorios circundantes e impidieron que los trabajadores de la fábrica pasaran por sus puntos de control.
Como consecuencia, Lafarge, mediante la asistencia de un emisario, se puso en contacto con los yihadistas y acordó pagarles con el objetivo de asegurar la libre circulación de los empleados de la firma por las áreas ocupadas por los terroristas.
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